CASI 40 ONG ALERTAN DE QUE EL PP QUIERE “ABRIR LA PUERTA” A TRASVASES EN GRANDES RÍOS

- Bajo la intención de impulsar un nuevo Pacto Nacional del Agua. Un total de 36 organizaciones ecologistas denunciaron este lunes que el PP pretende “abrir la puerta” a “futuros trasvases” desde grandes cuencas hidrográficas como la del Ebro, el Tajo, el Duero o el Guadiana al impulsar una proposición no de ley sobre la necesidad de promover un Pacto Nacional del Agua, iniciativa que fue aprobada recientemente en el Congreso gracias a los populares y Ciudadanos.
Entre estas organizaciones están Ecologistas en Acción, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, la Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua, SEO/BirdLife y WWF.
En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que “España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas”, puesto que ya existe un “pacto” acordado con la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
“El famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país”, indicaron.
En este sentido, apuntaron que se trata de “un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados”.
Para las organizaciones firmantes, los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de “un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea”, ya que van “en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno”.
Las 36 entidades firmantes recalcaron a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria que las prioridades para una nueva gestión del agua en España deben estar basadas en “el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático”.