Anuncian demanda para la paralización de la nueva comisión de servicios docentes por "fraude de ley" y "discriminación"

Un grupo de trabajadores de la administración educativa andaluza ha avanzado la interposición de una demanda contencioso-administrativa en el juzgado solicitando, como medida cautelar, la paralización del 'concursillo' docente de traslados --que la Junta ha mutado ahora en comisión de servicios--, al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en "fraude de ley" y "discriminación".

"De forma fraudulenta", según han indicado a Europa Press fuentes del colectivo, el Ejecutivo regional pretende publicar en pocos días la modificación de una normativa que discriminará a los docentes al crear en "fraude de ley" una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, "prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas", cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas.

Como quiera que, según los afectados, ello va contra la ley al hacer una "discriminación sin justificación alguna" entre funcionarios de carrera, es por ello que se solicitará la paralización del procedimiento, con lo cual se podría dar la casuística de verse comprometido el inicio del próximo curso escolar, al no tener destino donde trabajar profesores.

Si con la anterior fórmula del 'concursillo', histórica reivindicación sindical, la administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado en el concurso de traslados de comisiones de servicio en esos destinos de los que han participado, la Junta, en base a los postulados de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), habría optado ahora por este modelo "que sólo se dirige a la gente con destino definitivo".

"Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional", resume este grupo, que promueve escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos. Así, piden suspender el presente proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente "independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino, todo ello bajo el principio constitucional de igualdad".

Y es que, a su juicio, los borradores "no se ajustan a derecho, lesionando gravemente los derechos del colectivo personal funcionario de carrera sin destino definitivo, funcionario en prácticas e interinos".

Por parte de los sindicatos, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, ha confirmado a Europa Press la oposición de su central a los términos de esta comisión, abogando por seguir trabajando "para volver a lo pactado en el mes de febrero". A día de hoy, el sindicato evalúa "detenidamente" esta fórmula, pues "el cambio es más trascendental de lo que parece".