CIUDADANOS DENUNCIA QUE NEGAR EL DERECHO AL VOTO A 80.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VULNERA "EL PROPIO SISTEMA DEMOCRÁTICO"

la portavoz de Ciudadanos en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Orlena de Miguel, considera que la negación del derecho al voto que pesa sobre unas 80.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo “no sólo es una vulneración contra la persona, sino contra el propio sistema democrático”.
Así lo declara en una entrevista concedida a la publicación digital 'cermi.es semanal’, en la que también destaca que "la participación en la vida política, en una democracia, es uno de los máximos y más importantes ejercicios de ciudadanía”.
Además, De Miguel asegura estar de acuerdo con la exigencia de que se cumpla la petición del Cermi para "reforzar la comisión de discapacidad" y se le dote "de carácter legislativo para que pueda tramitar leyes". Esta petición, trasladada por UPN, ha sido apoyada por Ciudadanos, según señala la diputada.
Asimismo, desvela como "objetivo fundamental" de su partido desde la comisión parlamentaria "la adecuación y aplicación de las recomendaciones recogidas en la Convención de la ONU sobre Discapacidad".
En este sentido, matiza que pondrán el foco en "las políticas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, el ejercicio de los derechos fundamentales y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos de las personas con discapacidad".
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Respecto a la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad asegura De Miguel que hay que lograr que "se cumpla la ley de cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad", pero también "impulsar el empleo ordinario, y no solo el empleo de los centros especiales de empleo".
Añade la diputada de Ciudadanos que hay que incidir también en "el emprendimiento entre las personas con discapacidad, la formación para el empleo, y la sensibilización hacia las organizaciones empresariales sobre la contratación de personas con discapacidad".
Por otra parte, De Miguel declara que “una vez reconocidos derechos como los que se incluyen en la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, no es aceptable que queden en papel mojado por falta de previsión en su financiación”, por lo que subraya que “en nuestro programa de reformas recogemos la garantía presupuestaria de los derechos sociales dentro de la Constitución”.
Asimismo, la diputada pide "voluntad política para conseguir acuerdos firmes y duraderos" como medio de asegurar que, en primer lugar, las políticas de accesibilidad, y otras que atañen a la igualdad de oportunidades, "sean transversales en la sociedad" y, por otro, "no dependan del gobierno de turno o de que vaya mejor o peor la economía", tal y como criticó el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hace unos meses también en la publicación del Cermi.
Por último, destaca la importancia que tiene el trabajar conjuntamente con el tejido asociativo de la discapacidad, y recuerda, en este sentido, que mantuvo recientemente un encuentro con la Confederación de Familias de Personas Sordas (Fiapas), durante el que esta organización le trasladó la necesidad de realizar un registro estatal de datos con los resultados de la aplicación del 'Programa de detección precoz de la sordera' en España. “A partir de ahí sería posible disponer de datos epidemiológicos y de incidencia de la sordera en la población infantil para mejorar la prevención, el propio proceso de detección, el diagnóstico, y los tratamientos a aplicar”, concluye.