EL CONGRESO RESPALDA LA PARALIZACIÓN DE LAS REVÁLIDAS CON LOS VOTOS A FAVOR DE PP, PSOE Y CIUDADANOS

- El rechazo de los nacionalistas y la abstención de Podemos . El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles la convalidación del decreto-ley que regula la suspensión del calendario de implantación de la Lomce, ya que supone paralizar los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato hasta la aprobación del Pacto Social y Político por la Educación. Hasta entonces, no será necesario superar estos exámenes para obtener los títulos de ESO y Bachillerato.
Contó con 250 votos a favor, 18 votos en contra y 67 abstenciones, ya que la iniciativa la apoyaron los tres grupos promotores de la subcomisión parlamentaria para la negociación del citado acuerdo educativo (PP, PSOE y Ciudadanos), además de Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. En contra votaron los diputados de Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu y el PdeCat.
Unidos Podemos, en Común Podem en Marea se abstuvo y pidió la tramitación de esta iniciativa como proyecto de ley, propuesta que fue rechazada con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. De este modo, la oposición no podrá introducir modificaciones en el texto aprobado por el Gobierno.
En su intervención ante el Pleno, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que este decreto soluciona la "situación de incertidumbre" de la comunidad educativa ante las pruebas de la Lomce, lo cual justifica su "extraordinaria y urgente necesidad".
Además, insistió en que la proposición de ley del PSOE para derogar el calendario de la Lomce aprobada en noviembre suponía una tramitación más larga que el decreto del Gobierno, "más eficaz e inmediato", a su juicio.
En su opinión, esta iniciativa es además “un primer paso" para el futuro pacto de Estado por la educación del que nazca una nueva ley educativa, que cuente con el consenso de la sociedad, la comunidad educativa y las fuerzas políticas. “Será nuestra prioridad esta legislatura, por el bien de todos”, aseguró.
El decreto establece que la evaluación de 2º de Bachillerato solo deberán realizarla aquellos alumnos que deseen acceder a la universidad, puesto que no será necesaria para obtener el título.
Tampoco lo será en el caso de la evaluación final de ESO, que al igual que en Primaria, tendrá carácter muestral y diagnóstico, esto es, solo deberán realizarlas un número significativo de alumnos seleccionados por las comunidades autónomas. Además, la prueba de 4º solo examinará de las asignaturas troncales del último curso (Historia y Geografía, Lengua Extranjera, Matemáticas, Lengua y Literatura y lengua cooficial).
En cuanto a la evaluación de Bachillerato, los alumnos se examinarán de las troncales del 2º curso (hasta los diez puntos) y de dos materias de opción, para llegar a los 14.
Méndez de Vigo recalcó que “la nueva prueba será muy parecida a la antigua Selectividad, y agradeció a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas su colaboración en el diseño final.
Por último, insistió en que este decreto no significa “ni que el Gobierno incumple la Lomce, que la va a cumplir, ni que hayamos dejado de creer en la necesidad de evaluar el sistema”.
MAQUILLAJE
Sin embargo, el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Joan Mena, acusó al ministro de “mentir deliberadamente”, puesto que la prueba de 2º de Bachillerato “no será muy parecida a la Selectividad”, ya que recoge los nuevos currículos y toda la filosofía de la Lomce.
Además, el decreto-ley es “lo suficientemente ambiguo” como para dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de que las evaluaciones finales de ESO y Primaria sean finalmente censales, puesto que les permite realizarlas con el 100% del alumnado.
Asimismo, Mena se dirigió a PSOE y Ciudadanos para decirles que “o se es oposición o se es comparsa del Gobierno en este tema”, en referencia a su apoyo al decreto-ley, del que dijo “que solo da maquillaje a la Lomce”.
La misma idea expresó el diputado de Esquerra Republicana Joan Olòritz, para quien “al ministro no le importan estas pequeñas cesiones porque controla el BOE y lo que en él finalmente se publica”.
En su opinión, el problema de fondo de esta norma es el mismo de siempre, “su afán centralizador y homogeneizador, como muy bien dice el ministro”. Por eso, “no basta con este decreto descafeinado”.
Por su parte, la diputada del PdeCat Míriam Nogueras criticó que esta norma invade las competencias de las comunidades autónomas, que son las responsables de sus sistemas educativos, y lamentó que en ella se mantenga la disposición 38 de la Lomce, que obliga a la Generalitat a sufragar la matrícula en centros privados de aquellos alumnos que no puedan ser escolarizados en castellano (si este es su deseo) en la red pública o concertada.
También el diputado del PNV Joseba Aguirretxea indicó que el decreto no tendría que albergar ninguna mención a las evaluaciones, puesto que reivindicó que son las comunidades autónomas las responsables de estos cometidos y las que deberían regular en tales casos.
En la fijación de posiciones, el portavoz socialista de Educación, José Juan Díaz, recalcó que “hoy pasan a mejor vida las reválidas” y que “así es como se cambian las cosas en democracia”. “Esto es un primer paso para derogar la Lomce, pero primero hay que construir una alternativa”.
Por último, la diputada de Ciudadanos Marta Martín criticó el rechazo de los nacionalistas y de Podemos a la norma, porque “les importa un bledo los alumnos y se empeñan” en tramitar el decreto como proyecto de ley sin importarles “la indefinición en que van a dejar a los estudiantes, será terrible”.

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