Las principales bandas criminales son ahora "blanco" militar en Colombia, donde las autoridades incluso podrán bombardearlas como parte del endurecimiento de la estrategia del gobierno contra estos grupos, que amenazan la seguridad del país mientras las guerrillas de izquierda negocian la paz.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, dijo este viernes en rueda de prensa que las tres principales organizaciones criminales del país, que serán llamadas en adelante "grupos armados organizados", son "blanco para la Policía y también son blanco para las fuerzas militares".
"Contra los más peligrosos grupos armados organizados se puede utilizar la totalidad de las herramientas con las que cuenta el Estado en el marco del DIH (Derecho Internacional Humanitario), eso significa que se puede usar la sorpresa", la emboscada, el apoyo aéreo de ametrallamiento e "inclusive apoyo aéreo de bombardeo", dijo Villegas.
El ministro ya había informado la víspera de la publicación de una nueva directiva que permite "la aplicación de toda la fuerza del Estado, sin excepción, a los grupos armados organizados" y detallado que las bandas Clan Úsuga, Los Pelusos y Los Puntilleros, son ahora consideradas como tal.
La fuerza y organización de estas bandas, que tienen campamentos, armas largas y uniformes, llevaron a las autoridades a reforzar su lucha contra ellas para facilitar su "sometimiento a la justicia".
Un endurecimiento que, según explicó Villegas, ya se ha dado en otras partes del mundo, como en África, donde a los piratas "se les aplica la fuerza de toda una marina internacional" para perseguirlos.
La nueva estrategia de seguridad implica una militarización que solo se había utilizado en el marco del conflicto armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo y es parte de una cruzada contra las bandas criminales que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos desde hace meses.
Según el comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Bueno, antes "era prioritario el actuar de la Policía Nacional (frente a estos grupos) y hoy esta directiva le permite a las fuerzas militares, de manera autónoma o coordinada con la Policía, utilizar los medios de inteligencia para ubicarlos y atacarlos".
"En el caso de la Fuerza Aérea, será legítimo el empleo de bombardeos y ametrallamientos contra estos grupos, obviamente cuando se cumplan con todos los principios del DIH y (...) evitando los daños colaterales", precisó Bueno en la emisora BluRadio.
Los expertos consideran a las bandas criminales, que en los últimos meses han paralizado con amenazas regiones enteras del país, como el principal reto de seguridad en un eventual escenario de posconflicto con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con las que el gobierno negocia la paz.
Sin embargo, Villegas dejó claro este jueves que hay una diferencia sustancial entre las guerrillas y estas organizaciones armadas, dedicadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, y es que las últimas no tienen "estatus político, de ninguna manera".
En el marco del conflicto armado, existe además un debate sobre la definición de estos grupos armados: mientras que las FARC les considera fuerzas paramilitares, el gobierno asegura que son bandas criminales, surgidas tras una masiva desmovilización de escuadrones de ultraderecha durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Ariel Ávila, analista de la fundación Paz y Reconciliación, dijo a la AFP que en el contexto de un eventual fin del conflicto con las guerrillas y, considerando que "las bandas concentran su accionar en las ciudades y no se puede bombardear ciudades", las acciones anunciadas constituyen sobre todo "un mensaje político".
"Es más para mandar un mensaje a las fuerzas militares de que van a tener un trabajo importante en el posconflicto, a las mismas bandas de que el gobierno no las va a tolerar más y finalmente a las FARC para decirles que el tema del paramilitarismo, que tanto les preocupa, lo van a combatir", aseguró Ávila.
El conflicto interno colombiano, iniciado como una sublevación campesina en 1964, ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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