DISCAPACIDAD. EL PP PLANTEA QUE LOS LITIGIOS EN MATERIA DEPENDENCIA SEAN CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN SOCIAL

El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que los litigios en materia de dependencia sean llevados por la jurisdicción social y no por la contencioso-administrativa, como sucede en la actualidad.
Esta iniciativa, que se debatirá la semana que viene en la Cámara Baja, va en la línea de lo que estaba reclamando en este terreno el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Esta organización venía defendiendo que la jurisdicción contencioso-administrativa es “más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial” de los derechos relacionados con el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
“TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS”
En este sentido, en la proposición no de ley del PP se pide instar al Gobierno “a realizar todas las acciones necesarias para que las controversias relativas a la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad” y las incluidas en la Ley de Dependencia “queden definitivamente atribuidas a la jurisdicción social”.
Los populares argumentan la Ley de Dependencia de 2006 establecía para los litigios en este ámbito la “misma consideración” que las cuestiones que afectan a las prestaciones de la Seguridad Social.
Sin embargo, la atribución de las cuestiones de dependencia a la jurisdicción social quedó aplazada, lo que ha supuesto de las controversias legales en este ámbito sigan atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. A este respecto, el PP sostiene, al igual que el Cermi, que los juzgados contenciosos tienen una forma de proceder “más formalista, lenta y gravosa que la social”, por lo que se demanda al Gobierno que afronte la reforma de este asunto.