El también portavoz del Gobierno autonómico ha explicado en declaraciones a los periodistas este lunes que los protocolos suscritos entre ambas Administraciones hace años, "cuando la dotación de la Policía Nacional en Ceuta era sensiblemente superior", no están siendo aplicados por falta de recursos humanos.
El objetivo de la reunión, en la que además del titular de Gobernación participarán el superintendente jefe de la Policía Local, por un lado, y el jefe superior y el director de operaciones de la Policía Nacional, por otro, es articular una fórmula para "proteger" a los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y para "identificar y poner a disposición de la Justicia" a los vándalos, "que parecen ser menores".
Sea cual fuere su edad, el Gobierno de Ceuta piensa personarse como acusación particular para que respondan por sus actos los vándalos, "directamente o sus padres", según ha asegurado Hachuel, que ha lamentado la pérdida de los valores de "admiración" que "antiguamente", ha dicho, "llevaban a los niños de 10 ó 11 años a querer ser bomberos de mayores".
Desde principios de año las unidades del SEIS de la ciudad han sido objeto "casi a diario" de apedreamientos al ser requerida su presencia para sofocar fuegos de pequeño tamaño en las inmediaciones de la barriada del Príncipe, coincidiendo a veces con otros eventos que exigían "gran despliegue policial" como la Cabalgata de Reyes.
Según Hachuel, la Policía Local no es capaz de prestar una protección efectiva a los bomberos porque queda "razonablemente indefensa" al carecer sus vehículos de protección antidisturbios y la Policía Nacional no ha podido acompañarles porque "no tiene suficientes recursos humanos disponibles".
Las secciones sindicales de UGT y CSIF en la Administración local han instado este martes al Ejecutivo que preside Juan Vivas a "tomar medidas" para evitar que las emboscadas "se eternicen en el tiempo" y los profesionales "sigan teniendo que lidiar, además de con el fuego, con apedreamientos e insultos, que se han convertido en un mal endémico ante la pasividad de los responsables políticos.
Los ataques vandálicos a todo tipo de servicios públicos, tanto policiales como sanitarios, de limpieza o de extinción de incendios, son una problemática recurrente en las inmediaciones del Príncipe desde hace años. A finales de 2016 fue la plantilla de la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos la que exigió presencia policial para trabajar antes del amanecer en la zona.
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