INMIGRACIÓN. EL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES PIDE EL CIERRE DE LOS CIE

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) pidió hoy el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) porque considera que con ellos se “abusa” de una medida extrema como la privación de libertad y, además, cree que las condiciones de estos centros no son las adecuadas.
El SIM presentó este miércoles la sexta edición de su informe anual sobre los CIE, que elabora cada año a partir de los datos oficiales del Ministerio del Interior y de los resultados de las visitas y asistencias jurídicas que presta en los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia.
“Condenamos que se prive de libertad a una persona migrante por motivos administrativos y defendemos la supresión de los CIE”, señala la primera de las conclusiones del estudio.
El SIM se remite además para denunciar la falta de justificación de la existencia de los CIE a las propias cifras hechas públicas por Interior, que reflejan que de las 6.30 personas internadas en los CIE en 2015, solo un 41,42% acabó en expulsión.
DISPARIDAD
Entretanto se logra esa demanda de cierre de los CIE, el Servicio Jesuita a Migrantes pide que se reduzca el número de internamientos en ellos y que las autoridades recurran más a medidas alternativas como la exigencia de presentación periódica del extranjero, explicó en la presentación del informe en la sede del Defensor del Pueblo el coordinador del SIM, Miguel González.
El SIM se queja de que las condiciones de vida difieren mucho según el CIE que se trate, y por eso reclama la publicación de unas normas únicas de régimen interno.
En su informe de este año, el SIM ha abordado la situación de las personas internadas en los CIE con una especial vulnerabilidad, como enfermos, discapacitados o víctimas de trata.
Los jesuitas ven inadmisible que solo el año pasado se identificaran a 19 menores en los CIE, que haya denuncias de agresiones a personas enfermas o que sean muy escasas las solicitudes de protección internacional admitidas a trámite.
El SIM asegura que ha pedido datos sobre mujeres víctimas de trata internadas y que Interior no ha querido facilitárselas.
A este respecto, Santiago Yerga, uno de los autores del estudio, denunció “opacidad” y “falta de transparencia” por parte del Gobierno, y no quieren suministrarles, pese a que la ley se lo obliga, datos que sí aparecen, en cambio, recogidos en la memoria del Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo contra la Tortura.