IULV-CA insta a la Junta a "normalizar" la situación de profesionales de atención a alumnos con necesidades especiales

En la cuestión, consultada por Europa Press, el diputado de la federación de izquierdas Antonio Maíllo ha recordado que desde el colectivo de técnicos de integración social se viene denunciando los "continuos" recortes que está sufriendo la educación pública en Andalucía y la privatización de la atención del alumnado con estas necesidades.

Así, IU se interesa por cómo se está atendiendo actualmente a los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros educativos públicos de Andalucía y por cuántas plazas de profesionales de integración social existen actualmente en los centros educativos de Andalucía, y cuántas de ellas están contratadas con empresas privadas.

A inicios del mes de junio, unas 100 personas se concentraron a las puertas del Parlamento convocadas por la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía (AISA), en protesta por las "reiteradas privatizaciones" y en defensa del empleo público y de calidad.

Los antiguos monitores de educación especial, que atienden a alumnos en centros públicos de Infantil, Primaria, institutos y centros específicos de la Junta de Andalucía, denuncian públicamente la "constante negativa" de la administración regional "a iniciar un dialogo y análisis de la situación" que sufre el colectivo, que cuenta con el apoyo de sindicatos, estudiantes y familiares de los alumnos con necesidades especiales.

Entre los objetivos de los técnicos está la defensa del empleo público y de calidad y revertir la externalización para evitar que empresas privadas se instauren en el sistema educativo.

En un manifiesto, leído en el marco de la concentración, los antiguos monitores de educación especial denunciaron que la Consejería de Educación, a través del ente público andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), está externalizando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, apuntando que desde el año 2006 el número de contrataciones que se hacen a través de la empresa privada "va en aumento, llegando en la actualidad a atender casi 800 centros públicos".

Asimismo, señalan que la contratación externa de cerca de mil puestos de trabajo justifica la conveniencia de ampliar los medios profesionales para hacer frente a unas necesidades permanentes de personal y se preguntan por qué "está prohibida la creación de empleo público mientras que, a su vez, se contemplan cantidades importantes para la contratación con empresas privadas".