EL PSOE PIDE MEDIDAS PARA QUE LOS DONANTES VIVOS DE ÓRGANOS NO SEAN PENALIZADOS POR ASEGURADORAS Y BANCOS

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la reclama protección socio-laboral para que las personas que donan órganos en vida puedan acogerse a una incapacidad temporal y no se vean penalizadas en la contratación o renovación de seguros o préstamos.
Los socialistas recuerdan en la exposición de motivos de la iniciativa que el trasplante de órganos entre personas vivas es una técnica ya asentada en el sistema sanitario español desde hace años. En la mayor parte se trata de cesiones de uno de los riñones o de parte del hígado y, en el futuro, es previsible que se pueda extender a otros órganos, como el útero, explica el primer partido de la oposición.
Esas donaciones suelen producirse entre familiares o allegados al receptor. Existe también el 'cruzado', cuando una persona dona en vida a un desconocido a cambio de que un familiar o amigo del receptor haga lo mismo con alguien del entorno del primer donante; y la donación 'del buen samaritano', en la que alguien cede un órgano en vida al paciente de la lista de espera al que más pueda beneficiar.
Los trasplantes en vida son siempre mejores que los procedentes de fallecidos por la calidad del órgano trasplantado, y contribuyen de manera eficaz "a la siempre escasa disposición de órganos de fallecidos, por más que España disponga del mejor sistema", aseguran los socialistas.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
La donación en vida es un procedimiento gratuito que requiere la mayoría de edad, plenas facultardes y buena salud del donante. También es necesario el consentimiento debidamente informado del donante, que lo realice de forma expresa, libre, consciente y desinteresada y que sea ratificado por escrito ante el juez, presentes los médicos que intervienen en el proceso.
Otros requisitos son un informe preceptivo del Comité de Ética; compatibilidad de la extracción con la vida y la posibilidad de la compensación funcional; que el destino del órgano sea una persona determinada con el propósito de mejorar sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida; así como amplias posibilidades de éxito del trasplante, que habrá de realizarse en centro debidamente autorizado.
Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2016 unas 400 personas vivas donaron un riñon y entre 30 y 40 donaron hígado. Fueron un 11% del total de donantes, y después de un crecimiento permanente desde su introducción en los dos últimos años se ha aprecido un ligero descenso de ese porcentaje.
Esa donación tiene ventajas indudables para el receptor y para el sistema sanitario, dicen los socialistas, por lo que entienden que debe ser "promovida y protegida" desde lo poderes públicos. La propia ONT, recuerdan, ha marcado entre sus objetivos el impulso a la donación entre vivos.
Aunque la legislación vigente garantiza al donante la asistencia sanitaria para su restablecimiento y su seguimiento clínico en relación con la obtención del órgano, no regula nada sobre otros riesgos que esa persona asume para su vida laboral o su patrimonio.
AUMENTO DE LAS PRIMAS
En ese sentido, los socialistas apelan a la Ley General de la Seguridad Social, según la cual la incapacidad temporal requiere la alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente. Una aplicación restrictiva podría concluir que el donante no es un enfermo ni víctima de un accidente, por lo que no podría disfrutar de labaja laboral ni de la prestación correspondiente y podría verse obligado a realizar la donación en periodo vacacional.
La legislación actual, prosigue el PSOE, tampoco protege al donante del "frecuente" aumento de las primas a la hora de contratar o renovar seguros de vida o asistencia sanitaria así como préstamos bancarios. Todo ello, concluyen los socialistas, tiene una "clara repercusión negativa" en los donantes y sus familias y resta el estímulo necesario a la donación de órganos entre personas vivas.
Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover las modificaciones legales necesarias para convertir la extracción de un órgano para donación entre vivos en causa específica de incapacidad temporal para el trabajo, con el consiguiente disfrute de una prestación monetaria de la Seguridad Social durante la extracción del órgano y la posterior recuperación del donante.
Quieren también que esas modificaciones legales garanticen que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona debido a su condición de donante en vida no conlleve penalizaciones en la contratación o renovación de seguros o préstamos.