Así lo ha indicado en rueda de prensa en Jaén la secretaria general del partido, Loles López, quien ha adelantado que "sorprendentemente" el citado órgano aprueba este martes "su criterio en contra" a esa propuesta que el Grupo Popular había registrado en el Parlamento de Andalucía y remitida al Consejo de Gobierno para su toma en consideración o no.
"Está claro que a la señora Díaz le importa poco la educación en Andalucía. Se refleja en los presupuestos y se refleja hoy con el criterio en contra del Consejo de Gobierno", ha incidido la dirigente 'popular', para la que esa decisión supone "un maltrato más" de la Junta a los decentes y a la educación pública, a los que "ha maltratado económicamente, laboralmente y ahora los maltrata a nivel personal".
López ha resaltado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha tendido la mano a Susana Díaz para alcanzar "pactos en muchas materias", incluida también la educativa. En este sentido, ha asegurado que lo van a seguir ofreciendo con el "objetivo muy claro" de que "hay que blindar las políticas educativas".
"Hay que cuidar a los docentes y lamento muchísimo que Díaz haya decidido seguir maltratándolos. Sus hechos describen muy bien su subsconsciente y en algunas ocasiones sus palabras", ha manifestado la secretaria general de los 'populares' andaluces.
López ha destacado que esta propuesta para que los docentes andaluces sean reconocidos como autoridad pública ha sido "solicitada varias veces por el PP y por la comunidad educativa", al tiempo que ha asegurado que conlleva "mayores garantías jurídicas y personales para los profesores de la escuela pública y concertada andaluza".
Ha añadido que la consideración de la autoridad pública del docente es un mandato de la Lomce "al que el Gobierno andaluz debe dar cumplimiento". Asimismo, ha lamentado que Andalucía "haya perdido la oportunidad de tener una ley propia", de la que ya gozan nueve comunidades autónomas: Madrid, Valencia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Castilla y León.
La secretaria general ha defendido que se trata de una norma "garantista" para el ejercicio de la actividad docente, en cuanto que la Junta proporcionaría asistencia jurídica al profesorado que preste servicio en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, consistente en representación y defensa en juicio, así como la cobertura de responsabilidad civil.
Además, recoge la reparación de daños morales en casos de agresión a los docentes por parte del alumnado o sus familias; así como apoyo psicológico y médico necesario, llegado el caso, o la protección necesaria para que se garantice el derecho a su intimidad. Igualmente, aboga por la creación de un registro de Casos de Agresión a Docentes.
REFUERZO
López ha incidido en que la propuesta del PP "refuerza uno de los pilares fundamentales del sistema educativo, que son los profesores, mejoraría la convivencia en los centros educativos andaluces, y dignificaría la tarea educativa ante la sociedad".
El texto recoge en su exposición de motivos que esta ley "va dirigida a la mejora de la comunidad escolar en su conjunto, al reconocer que el docente en el aula, o el equipo directivo en un centro, representan la sociedad como transmisora de lo más valioso: conocimientos, valores y normas. De ahí la importancia de preservar su integridad y su dignidad en el ejercicio profesional docente para que una sociedad siga siendo libre y democrática".
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