El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado este martes en el Parlament de que existen faltas del sistema de protección catalán de la infancia que impiden que los niños tutelados tengan las medidas necesarias adecuadas a su situación, y ha pedido que no haya niños menores de seis años internados en recursos residenciales, promoviendo las familias de acogida.
En la presentación del Informe sobre los derechos de la infancia en comisión parlamentaria, Ribó ha recomendado un plan de choque para desinternar a los menores de tres años y, progresivamente, a los menores de seis, y que se modifique la Ley 14/2010 de los derechos de la infancia para prohibir el ingreso residencial de menores de seis años.
La acogida en familia ajena se mantiene "infrautilizada" y hay un número elevado de niños ingresados en centros que están a la espera de que se les asigne una familia o mientras se estudia su situación familiar, en lugar de estar en familias de urgencia, ha alertado.
Además, la sobreocupación de los centros incide negativamente en la atención de los niños, no por falta de acción positiva y profesionalidad del servicio, sino por la saturación y por ser inadecuado a las necesidades de algunos niños que se encuentran en estos --por ejemplo, a la espera de otro tipo de atención--, ha observado la adjunta al síndic Maria Jesús Larios.
El informe también ha requerido incorporar de forma sistemática una supervisión y apoyo a los centros de protección, fomentar el seguimiento de los menores acogidos, establecer también un procedimiento de queja para ellos y aumentar la dotación destinada a la salud mental infantil y juvenil, que no cuenta con plazas públicas de residencia.
IGUALDAD EN EDUCACIÓN
En educación, el Síndic ha alertado de que la falta de gratuidad en la enseñanza genera desigualdad de oportunidades para familias sin recursos, tras recibir quejas de familias que no pueden hacer frente al coste del material escolar y las actividades: "No puede haber ningún alumno que no pueda participar en extraescolares o salidas y colonias por impagos", ha destacado Larios.
La sindicatura ha pedido que se restablezca una convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico y que se otorgue a los centros educativos subvenciones para sufragar los costes de escolarización de alumnos de familias con dificultades económicas, tras detectar quejas de familias que no pueden hacer frente a estos costes.
UTILIZACIÓN DE LAS PENSIONES
El informe propone que finalice la utilización por parte de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de parte de las pensiones y prestaciones de la Seguridad Social de los niños --como pensiones de orfandad-- en concepto de gastos derivados de su atención, una medida que supone "contraria al principio de igualdad".
La adjunta ha criticado la desigualdad que comporta esta medida, porque los niños que tienen pensiones contribuyen a cubrir los gastos y los que no tienen no, y supone "una especie de copago" que en realidad no contempla la capacidad económica.
La sindicatura ha pedido que se derogue la disposición adicional de la la Ley 14/2010 para que se vuelva a la situación anterior, en que el importe de estas prestaciones se entregaba a los niños al finalizar la situación de desampara o al llegar a la mayoría de edad.
Ribó ha calificado de "incomprensible" que se vea en mayo de 2016 en comisión parlamentaria un informe que fue presentado en diciembre de 2015, cuando fue pedido por el mismo Parlament, ante lo que ha deseado que le den más empuje a este asunto y ha alertado que en otoño presentará el siguiente informe.
Ha recordado que según datos de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, hay 529 niños en centros a la espera de una acogida familiar --más de 80 menores de seis años y más de 30 menores de tres años--, por lo que ha pedido que se promueva este tipo de recurso, actualmente "claramente infrautilizado".
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