México, 21 ago.- Defensores de derechos humanos, clérigos y académicos anunciaron hoy que buscarán que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) investigue la matanza de 72 migrantes en el municipio mexicano de San Fernando, en el estado de Tamaulipas (norte), registrada en 2010, ante la impunidad persistente en el caso.
Más de una treintena de activistas recordaron hoy en Ciudad de México a los 72 migrantes de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, ecuatoriano y brasileño, asesinados en esa comunidad en agosto de 2010, presuntamente por miembros de la banda criminal Los Zetas.
Durante el acto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mexicano (CDHDF), los participantes lamentaron que hasta ahora no se ha procedido contra uno solo de los responsables civiles, policiales o militares, a nivel federal, estatal o municipal, de la tragedia ya sea por acción u omisión.
Por ello, buscan que el caso llegue a la CIJ, el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya.
"Mi conclusión es que las políticas migratorias del Gobierno mexicano van encaminadas a que los migrantes no pasen hacia el hermano país del norte (Estados Unidos)", consideró el obispo de la localidad de Saltillo, Raúl Vera López.
"Es muy claro que la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado en este momento", como sucedió con la Mara Salvatrucha en Centroamérica, "constituye una política de terror", afirmó.
A su juicio, las políticas migratorias del Estado mexicano "no son de apoyo o asistencia" a esas personas, sino de control a fin de evitar que lleguen a Estados Unidos.
Insistió en que todo ello obedece a "la subordinación del Estado mexicano a las políticas de represión y criminalización" de los migrantes supuestamente impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.
En el evento también participaron el clérigo Pedro Pantoja, responsable de la casa Belén "Posada del Migrante"; Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y Pedro González Gómez, de la Asamblea de Migrantes Indígenas, entre otros.
Julio de Silveira Moreira, integrante de la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo, manifestó que las autoridades mexicanas han mostrado su "incapacidad" para resolver la masacre de Tamaulipas.
Tampoco "han sido capaces de enviar los cuerpos identificados de los migrantes asesinados" a sus lugares de origen, denunció.
En el caso de los brasileños, que eran cuatro, se duda que sean los restos porque aunque se les prohibió abrir el ataúd, los familiares desobedecieron y sólo encontraron "huesos" que se niegan a reconocer como pertenecientes a sus parientes, añadió.
De acuerdo con José Jacques y Medina, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, desde el inicio del actual Gobierno en diciembre de 2006 han desaparecido alrededor de 70.000 migrantes en tránsito.
La presencia de la delincuencia organizada ha hecho más arriesgado el cruce de los "sin papeles", que son perseguidos y secuestrados para pedir rescates a sus familias o para tratar de que engrosen por la fuerza las filas de los grupos criminales.
Hasta hace unos años, por México cruzaban anualmente unos 350.000 centroamericanos indocumentados en busca de llegar a EE.UU., pero la crisis económica en la potencia mundial y su endurecimiento migratorio, además de la violencia en territorio mexicano, han causado una baja en el flujo hasta los 140.000.
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