Aguirre dice que la cadena perpetua "revisable" no tiene nada de inconstitucional

Madrid.- La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha insistido hoy en la necesidad de que el Gobierno abra un debate en torno al endurecimiento de las penas por delitos graves y de la cadena perpetua "revisable", una medida que, ha dicho, "no tiene nada de inconstitucional".

Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del, PP de Madrid, donde ha criticado al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, por decir que "no hay ningún debate en la calle sobre el endurecimiento de las penas, sobre la cadena perpetua ni sobre la modificación de la Ley del Menor".

La presidenta ha negado estas afirmaciones y ha mencionado los asesinatos de Sandra Palo, Marta del Castillo o de Mari Luz Cortés para defender la cadena perpetua "revisable" en los delitos graves (como asesinatos o violaciones) en los que se demuestre que el delincuente "ni se ha rehabilitado, ni se ha reinsertado ni se ha arrepentido" de sus actos y que es "un peligro social porque volverá a delinquir".

Según Aguirre ese debate "no es inconstitucional" porque "lo que dice la Constitución es que la finalidad principal de las penas es la rehabilitación del penado".

Por eso, ha añadido, si una vez revisada la cadena perpetua se estimara que el delincuente sigue sin reinsertarse en la sociedad y sin voluntad de hacerlo, "no tiene nada de inconstitucional que este sujeto continúe en prisión, sino todo lo contrario".

Ha insistido en que abrir el debate sobre la cadena perpetua no equivale a "poner peros a la finalidad de la reinserción" pero "sabiendo que si uno no se arrepiente, si no es capaz de reinsertarse, seguirá en la cárcel para preservar a la sociedad de los crímenes o de los asesinatos que podría cometer si sale" en libertad.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha opinado que la libertad "vigilada" que se establece judicialmente para delincuentes como El Rafita al cumplir la mayoría de edad lleva al "error" de creer que esa persona está sometida a vigilancia, cuando en realidad se trata de "una libertad controlada" ya sea por Instituciones Penitenciarias o por la Comunidad autónoma.

Según Granados, en el caso de los delitos graves "con ensañamiento y violencia" cometidos por menores de edad, resulta "escandaloso" y "nadie entiende" que al cumplir 18 años sean puestos en libertad o que haya jóvenes con 23 años que aún sigan internos en centros de menores y no estén en prisión.

"La Ley del Menor tiene que solucionar estos casos" ha insistido Granados, partidario de no dejar libres a los delincuentes cuando cumplen 18 años o a las personas que no se han reinsertado, si así lo certifican los informes de los especialistas.