AI critica la reactivación de la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea

Sídney (Australia), 29 may.- Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de "brutal" la reactivación de la pena de muerte en Papúa Nueva Guinea, una medida que pretende acabar con una serie de asesinatos y violaciones en la empobrecida nación del Pacífico Sur.

Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional en el Pacífico, dijo a la cadena australiana ABC que la pena de muerte "viola en derecho a la vida y a la libertad mediante un trato cruel, inhumano y degradante".

La representante de AI en el Pacífico señaló que la pena de muerte no ha reducido la violencia criminal en los países en los que está vigente.

El Parlamento papú aprobó el martes una serie de enmiendas al Código Criminal para que la pena de muerte se aplique para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en grupos o contra menores de diez años.

La pena capital en Papúa Nueva Guinea estaba vigente para casos de traición, piratería y asesinato premeditado, pero no se aplicaba desde 1954.

El Parlamento papú también aprobó cinco tipos de ejecución: ahorcamiento, inyección letal, muerte médica a través de la privación de oxígeno, fusilamiento y electrocución, que deberán ser determinados por el Gabinete.

Amnistía Internacional calcula que hay unas diez personas en el corredor de la muerte en Papúa Nueva Guinea, informó la agencia australiana AAP.

El Parlamento papú también rechazó el martes la polémica ley contra la brujería de 1971, lo que supone que aquellos que han sido sentenciados por asesinar a brujas o hechiceros serán condenados a la pena capital.

Papúa Nueva Guinea reactivó la pena de muerte después de una serie de crímenes este año, que incluyeron el ajusticiamiento por parte de lugareños de mujeres acusadas de brujería.

El país ha dado un paso adelante en la protección de las mujeres contra la violencia al repeler la ley de brujería, pero ha dado enormes pasos hacia atrás al aprobar las ejecuciones", enfatizó Isabelle Arradon, subdirectora de AI para el Asia Pacífico.

"Tomar la vida de una persona, ya sea si ésta es decapitada por los lugareños o asesinado por el Estado, representa una violación abominable de los derechos humanos", dijo Arradon a la agencia australiana AAP.

Según Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del planeta han abolido la pena de muerte y la última ejecución ocurrida en el Pacífico se dio en Tonga en el año 1982.

El Parlamento papuano aprobó ayer también otras medidas contra el crimen que incluye la sanción por secuestro de 50 años de prisión sin la posibilidad de obtener libertad condicional o un indulto, y si este crimen se ha cometido a cambio de una recompensa, entonces, el castigo será la cadena perpetua.

Otra sanción aprobada por la Cámara Baja es la de imponer 50 años de cárcel por el robo de entre 2,2 a 4,3 millones de dólares (1,7 a 3,4 millones de euros).