"Las dos opciones que tenemos son malas"

La ampliación de El Prat pone 'en jaque' hasta 80 empresas y cientos de empleos

El Govern, los ecologistas y los agricultores se enfrentan por un terreno próximo al aeropuerto donde se cultivan todo tipo de productos de huerta. El conflicto no es indiferente para Europa, que lo mira de reojo.

Aeropuerto El Prat
La ampliación de El Prat pone 'en jaque' hasta 80 empresas y cientos de empleos.
Europa Press

A los pies del mar Mediterráneo y junto al aeropuerto barcelonés de El Prat, se asoma un inmenso número de pequeñas parcelas cuidadas por "unos 50 agricultores" que producen todo tipo de productos de huerta -como alcachofas, coliflores, espárragos, sandías, pepinos, tomates, zanahorias o ajos- tanto al aire libre como en invernaderos. Este lugar, que parece idílico para el retiro de cualquier bohemio, se conoce como el Delta del Llobregat y presenta una cara opuesta: invasiones de jabalíes en busca de agua del delta y de los huevos de los patos, el ruido de los aviones y, para más inri, un conflicto reciente a tres bandas entre la Generalitat, los ecologistas y los agricultores de la zona

El pasado lunes 2 de agosto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, acordaron la ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, con una inversión de 1.700 millones de euros. Este anuncio -que desde las filas del Partido Popular se jactan de haberlo conseguido ellos en 2017- ha provocado a lo largo de la semana un terremoto en la política catalana. Así, los socios de legislatura del president Pere Aragonès han asegurado que este acuerdo "traspasa una línea roja". Además, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reprochó al Gobierno este acuerdo, porque es "un modelo desarrollista que aumenta emisiones y que masifica aún más el turismo". Esta situación inquieta a Europa, que ya advirtió que no se respetaron las indicaciones medioambientales con la última ampliación del aeropuerto.

La situación en torno al delta (que salpica a 10 municipios, tanto en la parte alta -menos afectada- como la parte baja -más afectada, sobre todo en dos áreas: Gavà y Viladecans-presenta un contexto complejo que divide a tres actores -el Govern, los ecologistas y los agricultores- con intereses opuestos. En juego están casi 1.000 hectáreas de plantación de regadío. Además, esta zona, que es explotada por "60 o 80 empresas", proporciona hasta 1.000 puestos de trabajo.

El presidente de la cooperativa agrícola de Viladecans asegura que "tenemos dos opciones, una es mala y la otra es peor". La primera supondría que el Govern "amplíe el aeropuerto y nos coja los terrenos agrícolas", la segunda es que nos declaren "zona protegida", que supondría la devaluación de la zona y la limitación de la producción agrícola (por ejemplo, no se podrían instalar nuevos invernaderos). El portavoz de la plataforma ecologista Zeroport, Pere Bonet, asegura que si los agricultores defienden "la existencia de invernaderos, será difícil que nos entendamos". Él asegura que los empresarios agrícolas de la zona "tienen preocupación" porque asocian "zonas protegidas" con la "compra" de su tierra y eso, según el ecologista, "no es verdad". Por último, sostiene que "no es incompatible el respeto a la biodiversidad con la agricultura" e incentiva a éstos a producir productos ecológicos.

Gavà y Viladecans tienen conjuntamente cerca de 1.000 hectáreas de cultivo de regadío. De ese terreno, 140 hectáreas ya están protegidas. Desde un planillo se puede observar cómo este área protegida (que está en la parte baja del delta) conforma una 'herradura verde' rodeada por fuera por las parcelas agrícolas de Gavá y por dentro por las de Viladecans. Son estas últimas -que están dentro de una especie de "U mágica"- la zona en disputa. En un primer momento -el 25 de febrero de este año- se filtró un borrador en el que la Generalitat proponía aumentar "280 hectáreas de zonas protegidas". Esto provocó el "enfado" de los agricultores, que aseguraron que ese proyecto llegaba "hasta los cultivos de Sant Boi" (en la parte alta del delta, donde están la mayoría de los invernaderos). Sin embargo, como ese plano se eliminó y, de momento, no hay uno nuevo, los empresarios agrícolas afirman que "son momentos duros, de incertidumbre y de no saber qué hacer"

Frente a la situación de desamparo de los agricultores, el Govern y los ecologistas continúan su lucha. Desde estas asociaciones dicen que el "vicepresidente (Jordi Puigneró) es el que da más la cara por este proyecto" y que el "president (Perè Aragonès) intenta hacer un equilibrio", pero que no le exime de su responsabilidad en este asunto. Fuentes de la vicepresidencia aseguran que son ellos los que están a cargo de la ampliación de El Prat porque son "nuestras competencias". Así, aseguran que quieren convertir el aeropuerto en un "hub de vuelos internacionales" que permitiría el aumento del turismo y de oferta de vivienda. Los activistas prefieren no pensar en las consecuencias que tendrá la ampliación del aeropuerto porque no quieren ceder ni un metro del delta para su ampliación.

El problema de fondo, como suele ocurrir, es puramente económico. Los políticos incentivados por las políticas macroeconómicas del keynesianismo buscan incentivar la demanda. Los ecologistas, en cambio, entienden que la economía "no debe estar tan centrada en el PIB, sino en el interés general". Frente a la intransigencia de estos dos actores, los agricultores, el estrato más bajo de la microeconomía, son los únicos dispuestos a negociar, "si me dan a elegir entre 500 metros más de pista para los aviones o 280 hectáreas de zona protegida, ¡qué cojones!, elijo lo primero". Un razonamiento agudo que demuestra por qué los economistas se centran muchas veces en repetir que la clave de la economía reside principalmente en la microeconomía.

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