Ancianos de Nicaragua recibirán pensión reducida tras años de lucha en calles

Managua, 4 ago.- Miles de ancianos nicaragüenses que no completaron sus cotizaciones al seguro social recibirán a partir de mañana una pensión reducida tras años de protesta en las calles y el inesperado apoyo de un grupo de jóvenes, que obligó al Gobierno a restituirles ese derecho.

El Ejecutivo destinará unos 725.058 dólares mensuales al pago de la pensión reducida de 10.951 ancianos que no lograron alcanzar el mínimo de 750 semanas cotizadas que establece la ley, pero son mayores de 60 años y tienen al menos 250.

La pensión, que oscilará entre 48,4 dólares a 112,9 dólares mensuales, será otorgada a partir de mañana, anunció a través de medios oficiales la primera dama nicaragüense y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo.

Las personas mayores de 60 años que cotizaron desde 250 y hasta 450 semanas recibirán una pensión de 1.200 córdobas (unos 48,4 dólares), según el decreto aprobado por el Ejecutivo el 19 de julio pasado.

Los ancianos que cotizaron desde 451 hasta 600 semanas recibirán 2.000 córdobas (unos 80,7 dólares), y los que cotizaron desde 601 hasta 749 semanas, 2.800 córdobas (unos 112,9 dólares), de acuerdo a la información oficial.

La pensión reducida fue aprobada por el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, el pasado 19 de julio, en el marco del 34 aniversario de la revolución sandinista, y casi un mes después de que arreciaran las protestas de los ancianos y a ellas se sumaran cientos de jóvenes universitarios.

Esa pensión reducida de vejez la demandaban miles de ancianos que cumplieron con al menos 250 semanas cotizadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como estaba establecido hasta 1994.

Los beneficiados serán 10.951 ancianos, la mayoría aglutinados en la Unidad Nicaragüense del Adulto Mayor (UNAM), los mismos que mantenían constantes protestas desde el 2010: huelgas de hambre, marchas y hasta recibieron palo, según denunciaron.

A mediados de junio pasado, los ancianos acusaron a la Policía Nacional de mantenerlos "encerrados" frente al edificio del INSS al colocar a cientos de oficiales en el perímetro para evitar que tuvieran comunicación con sus familiares o les llevaran alimentos o sus medicamentos.

También denunciaron que las autoridades cortaron el servicio de agua potable en las afueras del lugar donde mantenían la protesta, que no les habilitaron ningún servicio higiénico, y que impidieron que fueran atendidos por paramédicos en el mismo lugar del plantón.

Eso ocasionó un apoyo espontáneo de cientos de personas, en su mayoría jóvenes universitarios y organizadas a través de las redes sociales, que fueron hasta el lugar de la protesta en solidaridad con los ancianos con agua, alimentos, medicamentos y frazadas.

También se organizaron vigilias y conciertos, antes de que fueron desalojados por un grupo de simpatizantes de la Juventud Sandinista.

Al lugar, tras la expulsión de los jóvenes solidarios con los ancianos, llegaron los obispos titular y auxiliar de Managua, Leopoldo Brenes y Silvio Báez, respectivamente, así como activistas de los derechos humanos, lo cual motivó al Gobierno a buscar una respuesta a las demandas de las personas de la tercera edad.

Días después, el Gobierno acordó con los ancianos nicaragüenses entregarles medios auxiliares como bastones, muletas, sillas de ruedas y exámenes visuales, y el 19 de julio se anunció el decreto que también otorgaba la pensión reducida.