Madrid, 14 dic.- Las asociaciones de mujeres han pedido hoy revocar "de forma inmediata" la pensión de viudedad que cobra el hombre condenado por el asesinato de su mujer y su hijo, el segundo caso de estas características conocido en los últimos días.
La pensión que percibe Nemesio Antonio Pisonero, en prisión de 1998, procede del Ministerio de Economía, que es el encargado de abonar las prestaciones a los funcionarios de la Mutualidad de Funcionarios del Estado (Muface), colectivo al que el hombre pertenece.
Economía ha asegurado que estudiará la posibilidad de suspender la pensión al condenado, si bien ha recordado que la situación es legal puesto que la sentencia es anterior a la ley contra la violencia de género.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que a pesar de que no tiene carácter retroactivo en cuanto al reconocimiento del derecho, sí debe servir para la pérdida de esa prestación en cuanto se aprobó la norma, que sí impide que los maltratadores puedan heredar de sus víctimas o cobrar una pensión de viudedad.
"Vamos a ver el estudio que hace la Abogacía del Estado, que yo creo que no será contrario a que le retiren la pensión, otra cosa es que le hagan devolver lo percibido antes de la vigencia de la ley", ha señalado Cerrillos, quien ha solicitado que se solucione esta situación lo antes posible.
En su opinión, este caso y el que se hizo público la semana pasada de un hombre condenado en 2005 a 18 años de prisión por haber matado a su esposa en Sils (Girona), no son los únicos que han ocurrido, sólo los que han saltado a la luz pública.
"No hay un cruce de datos que debería haber entre la Administración Pública y la Seguridad Social", ha aseverado.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha dicho a Efe que este tipo de casos hay que arreglarlos "de forma inmediata", si bien ha considerado "más grave" el caso de Girona, que el conocido hoy.
En este sentido, ha argumentado que el caso de la semana pasada ocurrió cuando la ley ya estaba aprobada y por tanto no estaba permitido, mientras que en el de Pisonero la norma aún no existía.
"Hay que reparar inmediatamente los errores sean cual sean las deficiencias del sistema", ha insistido Soleto, quien ha manifestado que es una "contradicción" que el Estado condene a una persona y a la vez le haga beneficiaria de una prestación.
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