"No habrá guerra ni genocidio", declaró el responsable de comunicación de la presidencia, Willy Nyamitwe, un día después de que Estados Unidos mostrara su preocupación por la situación en el país africano.
Burundi está sumida en una crisis política desde finales de abril, cuando su presidente Pierre Nkurunziza presentó su candidatura para un controvertido tercer mandato, que ganó.
La oposición, que boicoteó los comicios, la sociedad civil y la Iglesia católica consideran que ese tercer mandato es contrario a la Constitución y al Acuerdo de Arusha que abrió la vía al final de la guerra civil (300.000 muertos entre 1993 y 2006), que limitan a dos los mandatos presidenciales.
En medio del conflicto, una brutal represión de las manifestaciones y la reelección en julio de Nkurunziza no evitó que la violencia se intensificara, y que pasara a ser armada.
"Es increíble ver como un gobierno que quiere acabar con el terrorismo recibe críticas en lugar de ser alentado", dijo Nyamitwe.
Antes de Estados Unidos, la ONU y la Unión Africana también habían mostrado su preocupación por la violencia en Burundi, donde los disturbios han causado unos 200 muertos y 200.000 exiliados, aumentando los temores de un retorno a una guerra interna sin cuartel.
La semana pasada, el presidente del Senado, Reverien Ndikuriyo, amenazó con "pulverizar" a los opositores del régimen que no depusieran las armas antes de un plazo que expira este sábado.
"Hoy, la policía dispara en las piernas, pero cuando llegue el día en que les digamos de ir al 'trabajo', no vengan a llorarnos", afirmó.
La palabra "trabajo" se utilizaba durante el genocidio de Ruanda en 1994 para describir las matanzas masivas que se cobraron la vida de al menos 800.000 tutsis a manos de las milicias hutus.
"Burundi parece estar cayendo en una violencia descontrolada. Se impone una aterradora ilegalidad, de la cual algunas autoridades parecen aprovecharse para justificar una represión brutal", alertó la ONG Human Rights Watch.
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