Canarias. El gobierno autonómico aprueba los decretos para la consulta sobre las prospecciones


El Consejo de Gobierno de las Islas Canarias aprobó hoy el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la comunidad; con ambos pretende preguntar a los canarios por las prospecciones petrolíferas.
Según explicó el Gobierno autonómico, los decretos desarrollan la Ley de Fomento de Participación Ciudadana, que a su vez aplica el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se atribuye a la comunidad capacidad legislativa y ejecutiva para regular y aplicar el sistema de consultas populares en el ámbito territorial de Canarias.
Tras recabar el respaldo jurídico del Consejo Consultivo de Canarias, ambos decretos han pasado hoy por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, lo que permitiría al presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, convocar este otoño la consult sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Previamente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar los términos de la pregunta o preguntas que serán objeto de la consulta, junto a una exposición de motivos de la misma, tal y como dispone el decreto aprobado hoy. Las respuestas podrán darse presencial y telemáticamente. Para utilizar esta segunda opción habrá que inscribirse en el Registro de Participación Ciudadana.
Según los decretos, podrán votar los canarios de más de 16 años, o de 14 para asuntos relativos a juventud. La convocatoria del presidente deberá respetar un plazo mínimo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta la fecha en la que se prevea el inicio de la emisión efectiva de respuestas.
En un segundo decreto, se concretarán los detalles organizativos para el correcto desarrollo y recuento de la consulta, como la dirección de correo electrónico que se habilitará para la recepción telemática de votos y los lugares donde se instalarán las urnas físicas.
El decreto que regula las consultas prevé la creación de una comisión de control integrada voluntariamente por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.

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