Cañete, el legislador incansable

Pilar González

Madrid, 29 dic.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció hace casi dos años "profundas" reformas de la legislación ambiental y ha avanzado imparable hacia esa meta, enmendando o anunciando el cambio de prácticamente todas las leyes heredadas de la etapa socialista.

La hoja de ruta, que el ministro advirtió contenía "tantas dosis de ambición como de realismo", ha llevado en este último año a reformar -con contestación de las ONG ecologistas- la Ley de Costas; la de Evaluación Ambiental; de Contaminación y Residuos; y la de Experimentación con Animales.

El Trasvase Tajo-Segura se ha elevado a rango de ley y por Real Decreto se ha reformado el catálogo de especies invasoras.

En fase de borrador y/o anteproyecto están además la ley de Montes y la de Parques Nacionales, que podría abrir Guadarrama al vuelo sin motor y Monfragüe a la navegación.

El vuelco legislativo ha puesto en "pie de guerra" a los partidos de izquierda y las principales organizaciones ecologistas, especialmente con la Ley de Costas, que amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y además permite la compra venta.

El PSOE y varias Comunidades Autónomas han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional, por entender que la norma vulnera la protección que la Ley Fundamental da a los ecosistemas costeros.

La "devaluación" y la "mercantilización" del medio ambiente han constituido la letanía de los argumentos esgrimidos por los grupos de la oposición en contra de casi todas las reformas, y especialmente en contra de la Ley de Evaluación Ambiental.

Esta norma incluye el control ambiental de la fracturación hidráulica (fracking) y crea los llamados bancos de conservación de la naturaleza para permitir efectuar compensaciones ambientales por dañar la naturaleza.

El Ejecutivo aprovechó además la ley, tramitada también por el procedimiento de urgencia, para incluir en la misma el Memorando del trasvase Tajo-Segura, calificado de "escandaloso" por los grupos de izquierda.

Incluso el Partido Aragonés (PAR), que en el Senado forma parte del grupo Popular, votó en contra al entender que hay varios artículos que abren la puerta a posibles nuevas transferencias de caudales entre cuencas, inexistentes en la realidad.

Una veintena de organizaciones ecologistas españolas han presentado ante la Comisión Europea (CE) un informe en el que denuncian que este memorándum, acordado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas afectadas por este trasvase, incumple la normativa comunitaria medioambiental.

Simplificar y agilizar trámites, compatibilizar medio ambiente con desarrollo sostenible, y salir de la actual confusión jurídica son las razones que dan el ministro y su secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, a la hora de defender la necesidad de todas estas reformas.

En una reciente entrevista con Efeverde, Ramos justificó las mismas en que el anterior Ejecutivo socialista había olvidado en su normas la necesidad de generar empleo y se mostró "absolutamente convencido" de que es posible facilitar el trabajo a los empresarios sin dañar el medio ambiente:

"En medio ambiente el futuro está muy dibujado: las actividades tienen que ser más eficientes, menos impactantes y emitir lo menos posible. Y ahí caben desarrollo económico y oportunidades de empleo", dijo.