Cataluña. Margallo lamenta que la generalitat destine dinero a embajadas en lugar de satisfacer “necesidades" de los ciudadanos

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, lamentó este miércoles que la Generalitat de Cataluña destine dinero a abrir embajadas en el extranjero, en lugar de a satisfacer “necesidades importantes de los ciudadanos". Entre estas enumeró la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Así se manifestó Margallo en un corrillo con los medios de comunicación antes de la reunión que mantuvo en el Congreso de los Diputados con portavoces del Grupo Parlamentario Popular, acerca de la posibilidad de que el Gobierno presente dos contenciosos administrativos contra el establecimiento de dos delegaciones territoriales de la Generalitat en Roma y en Viena, así como un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acción Exterior catalana.
En ese sentido, el ministro aseguró que el responsable de tomar esas decisiones será “el Gobierno” y que quien tiene que “proponerlo formalmente” es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.
Por esa razón, se encargó de matizar que Exteriores “ha presentado las preocupaciones al titular de Hacienda de las posibles vulneraciones a la Constitución en lo que se refiere a la Ley de Acción Exterior y en lo que se refiere a la Ley de Acción Exterior y de Servicio Exterior del Estado Español por parte de la creación de estas dos delegaciones”.
Margallo aseguró que la preocupación de su gabinete nace de las palabras del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, quien cuando se aprobó la Ley de Acción Exterior de Cataluña dijo que dicha legislación “respondía al deseo de establecer las infraestructuras para atender la voluntad de que Cataluña sea un Estado independiente”.
NECESIDADES PERENTORIAS
El ministro advirtió que esa ley catalana está redactada con “sumo cuidado”, pero “desconoce” que la política es una competencia exclusiva del Estado, que la dirección de la política exterior corresponde en exclusiva al Gobierno de la nación, desconoce el principio de unidad de acción exterior plasmada en la Constitución y en la Ley de Acción Exterior, crea un concepto de diplomacia pública “que parece responder más que al deseo de establecer esas delegaciones territoriales que ejerciten sus competencias a miniembajadas propias de un estado soberano y tiene una concepción de las relaciones entre la Generalitat y el cuerpo consular que son más propias de un Gobierno con unas embajadas que de un Gobierno regional o autonómico con unos cónsules establecidos en su territorio”.
Ahora, insistió, el Gobierno estudiará si los argumentos presentados por Exteriores son lo suficientemente sólidos o no como para plantear recursos de lo contencioso-administrativo contra las dos delegaciones creadas o contra aquellas que se creen en el futuro si incumplen la obligación de comunicarlo a Administraciones Públicas para saber si hay una fórmula más eficiente, “cosa que es importante cuando Cataluña tiene la deuda más abultada que existe en España”.
Esto quiere decir, según Margallo, que prefieren “dedicar fondos a esta finalidad que no a otras finalidades que, en opinión del Gobierno, son más importantes como la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo que es, en definitiva, atender al ciudadano”.
Preguntado por las fechas en las que se presentarían dichos recursos, Margallo afirmó que “la fecha es en febrero cuando termina el plazo para presentar los recursos de lo contencioso y marzo para el recurso de inconstitucionalidad”.
Por último, insistió en que “no se le pide a la Generalitat que haga algo distinto a lo que hace el Gobierno de la nación”, ya que "en estos tiempos en que el mundo es tan ancho, hay que estar en todos los sitios y hay tan poco dinero que hay que buscar fórmulas imaginativas y lo que sugerimos al Gobierno de Cataluña es que es más barato, eficiente y rentable para los ciudadanos ahorrarse este dinero y destinarlo a necesidades más perentorias”.