Critican saturación judicial y costes de la Operación Streamline en EE.UU.

Washington, 21 feb.- Un grupo de activistas y expertos denunciaron hoy los "tremendos costes" y la "saturación" de las dependencias judiciales en zonas fronterizas de EE.UU. a causa de la Operación Streamline, por la que miles de indocumentados son procesados y sentenciados anualmente.

Desde 2005 en Texas y 2008 en Arizona, quienes ingresan a EE.UU. de forma ilegal a través de la frontera con México corren el riesgo de enfrentar cargos bajo el programa federal Streamline, a través del cual, por ejemplo, son procesados diariamente unos 70 indocumentados en la Corte Federal en Tucson (Arizona).

"Quince abogados cada día se dedican exclusivamente a representar a estos inmigrantes en el área de Tucson, más los costes derivados de contratar a traductores de español", aseguró la ayudante del defensor federal del pueblo en Arizona Heather Williams.

"Esto supone un coste muy elevado para los distritos", agregó Williams, una opinión que coincidió con la de la investigadora de la ONG Human Rights Watch Grace Meng, para quien el programa requiere "tremendos recursos" del sistema judicial.

"No debemos olvidar que la gente cruza la frontera desde México hacia EE.UU. en busca de trabajo, para lograr la reunificación familiar o para huir de la violencia", recordó Meng, para quien se está cayendo en actos de "falta de humanidad".

Diariamente, unos 75 inmigrantes indocumentados son procesados en la Corte Federal en Tucson bajo el programa de "cero tolerancia" de la Operación Streamline.

Los inmigrantes son presentados ante un juez esposados de pies y manos, muchos de ellos aun mostrando señales de su cruce por el desierto, y son sentenciados en algunos casos a hasta 85 días de cárcel.

"Se sirve mejor a las comunidades cuando sólo se juzga a aquellos inmigrantes que puedan suponer un peligro para la sociedad, no a todos los que entran en el país de forma ilegal", valoró el exmagistrado del Distrito Sur de California James Stiven.

"Una persecución selectiva como la que hemos realizado durante los últimos 10 años en mi distrito es mucho más efectiva y útil tanto para la comunidad como para el sistema judicial que las que se están llevando a cabo en Arizona", dijo el exjuez.

Una tesis con la que coincidió la activista del Centro Regional para los Derechos Fronterizos Vicki Gaubeca, quien consideró que "los únicos que se están beneficiando de esto son las prisiones privadas, puesto que la operación cuesta un dineral al contribuyente y, allí donde está implementada, está saturando los juzgados".

"El Congreso debería replantearse este programa y evaluar sus costes tanto fiscales como humanos", concluyó Gaubeca.