Santiago de Compostela, 23 may.- Dos de los once cargos que estaban en la cúpula de Adif en diciembre de 2011, cuando se puso en funcionamiento la línea entre Ourense y Santiago en la que descarriló el Alvia, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez, como ya han anunciado que harán los otros 9, que comparecen la próxima semana.
Se trata del director de Adif en 2011, Antonio González Marín; el responsable de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve vocales del consejo de administración.
Los primeros citados han sido Juan Carlos Cáceres, el vocal que representaba al sindicato Comisiones Obreras, y Félix Díaz, en su caso de UGT.
Ninguno de los dos ha prestado testimonio este viernes ante el juez Luis Aláez debido a la falta de tiempo para leer el sumario y por encontrarse a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El actual responsable institucional del sector ferroviario de CCOO, Antonio Toscano, ha dicho a los informadores en el exterior de los juzgados compostelanos de Fontiñas que su compañero Juan Carlos Cáceres prestará testimonio a petición propia, si se mantiene la imputación, cuando analice con su abogado los 17.000 folios que acumula la causa y una vez dispongan de los "análisis técnicos solventes" del accidente del 24 de julio de 2013.
Hasta la fecha, han trascendido cuatro peritajes que son provisionales y que coinciden en que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro no era la idónea.
El juez instructor Luis Aláez, que apura esta investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en el juzgado de lo penal número uno de la capital gallega, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
El letrado Manuel Prieto, que se encarga de la defensa del maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, ha acusado al Ministerio de Fomento de entorpecer la causa judicial, porque ese mensaje de "quiero colaborar" es "mentira".
Este abogado ha dicho que ha "quedado demostrado" que no existe tal cooperación y que la negativa a declarar de los excargos imputados es "una prueba más".
La ayuda de la que habla Fomento "nunca la ha habido, sino esto iría a otro ritmo", ha proseguido, y ha interpretado que tal vez haya una "estrategia común montada por Adif, y posiblemente hasta por el Ministerio", para que estos otrora cargos del gestor ferroviario no ofrezcan su testimonio.
"No tendrán muy claro su responsabilidad, o qué decir y no decir", ha indicado, así que "antes de meter la pata imagino que prefieren guardar silencio".
La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 ha enviado esta misma jornada una carta al fiscal del caso, Antonio Roma, en la que le expresan su "dolor, tristeza e indefensión" por el recurso en el que el representante del ministerio público considera que no hay elementos para imputar a personas concretas las posibles infracciones criminales indicadas por el juez Luis Aláez.
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