EE.UU. advierte al cuerpo diplomático de que evite abusar de sus empleados

  • El Gobierno de Estados Unidos advirtió hoy a los embajadores acreditados ante la Casa Blanca y Naciones Unidas de que eviten el abuso de los trabajadores que traen a este país, en el marco de una nueva orden ejecutiva contra la trata de personas.

Washington, 25 sep.- El Gobierno de Estados Unidos advirtió hoy a los embajadores acreditados ante la Casa Blanca y Naciones Unidas de que eviten el abuso de los trabajadores que traen a este país, en el marco de una nueva orden ejecutiva contra la trata de personas.

"Desafortunadamente, algunos diplomáticos abusan de sus posiciones. Necesitamos asegurarnos de que la inmunidad diplomática no da lugar a una zona de impunidad para los trabajadores en sus hogares", dijo en conferencia telefónica con periodistas el embajador Luis CdeBaca, director de la Oficina para el Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado.

"Si encontramos que una misión diplomática en particular en Estados Unidos está ignorando el problema o tolerando este tipo de abusos, entonces el remedio ahora será que no les permitiremos que puedan traer empleados domésticos a Estados Unidos", advirtió el diplomático.

A raíz de unos nuevos reglamentos emitidos por EE.UU. a comienzos de año, recordó, "el jefe de misión, el embajador de estos países, ahora será responsable del trato de los trabajadores que sean traídos acá por su personal diplomático".

Antes de esas normas, el embajador se lavaba las manos si surgía un caso de abuso contra un empleado doméstico porque, según el funcionario, "si les preguntábamos, solían decir que eso era algo entre su segundo secretario y su sirviente y que (ellos) no tenían nada que ver".

"Ahora es la responsabilidad del jefe de misión", subrayó CdeBaca al resumir las reglas del Departamento de Estado, cuyo propósito es establecer las condiciones para la contratación de trabajadores para el cuerpo diplomático, en particular empleados domésticos.

Bajo las nuevas normas, los empleados domésticos y demás trabajadores deben recibir su pago a través de medios electrónicos que puedan ser vigilados por las autoridades si es necesario, y tener recibos que el Departamento de Estado pueda usar para verificar su pago.

Además, "los trabajadores de bajo nivel en las embajadas tendrán que demostrar que tienen la capacidad de pagar a la gente si van a traer trabajadores" a EE.UU., señaló CdeBaca.

Según el director de la Oficina para el Combate al Tráfico de Personas del Departamento de Estado, se ha estado trabajando sobre este asunto no sólo en EE.UU. "sino también con otros Gobiernos que tienen muchos sirvientes domésticos".

Así, el Gobierno de EE.UU. ha abordado la necesidad de proteger a esos empleados con los Gobiernos de Suiza, Bélgica, Austria y otros países donde hay una comunidad diplomática internacional sustancial, agregó.

Por su parte, Felicia Escobar, principal asesora para asuntos de política migratoria del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, dijo que el Gobierno de EE.UU. también ha realizado esfuerzos de "acercamiento" con la comunidad inmigrante en este país para evitar el abuso de víctimas de la trata de personas.

En 2007, seis trabajadoras de Bangladesh, Bolivia, Zimbabue, Indonesia, Paraguay y Chile presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que denunciaron abusos por parte de sus empleadores, todos diplomáticos de Bangladesh, Bolivia, Botswana, Catar, Argentina, y Chile, respectivamente.

Se calcula que cada año, unos 3.000 trabajadores domésticos son trasladados a Estados Unidos, para trabajar en las casas de diplomáticos extranjeros, con visas que caducan si abandonan su empleo y que, según activistas, las expone a posibles abusos.

Ambos funcionarios participaron en la conferencia telefónica horas después de que el presidente Barack Obama promulgara una orden ejecutiva contra el tráfico de personas, un flagelo que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo.

Esa orden ejecutiva fortalece la actual política de "cero tolerancia" en los contratos del Gobierno federal, y establece un proceso para identificar a las industrias y los sectores que tengan un historial o evidencias de tráfico humano.

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