Prieto, sobre quien pesan sospechas de participación en otros seis delitos, debería ser ejecutado con inyección letal en Virginia (este), aunque sus abogados afirman que sufre de problemas mentales y por lo tanto no podría ser sometido a la pena capital.
En un documento de cuatro páginas, la CIDH consideró que si Prieto es ejecutado "sin tener la oportunidad de examinar profundamente el caso, se afectarían potenciales remedios y ocasionaría daños irreparables".
Por esa razón, la Comisión "pide que Estados Unidos tome las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física" de Prieto.
El ciudadano salvadoreño fue condenado a muerte en 2010 y desde entonces su caso se arrastra en la justicia, aunque la ejecución está prevista para el 1 de octubre.
En 2014 la ejecución de un condenado en el estado de Oklahoma se convirtió en una verdadera película de terror, ya que las drogas usadas en la inyección letal no surtieron efecto y el reo sufrió terribles convulsiones y agonizó durante 40 minutos antes de morir de un paro cardíaco.
Los estados que aplican la pena de muerte tienen desde el año 2013 dificultades para conseguir las drogas utilizadas en la inyección letal, ante la negativa de laboratorios de ver sus productos siendo utilizados en ejecuciones.
En 2015 ya fueron ejecutadas 20 personas, en su mayoría en los estados de Texas y Misuri.
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