El cermi coincide con el consejo de europa en que la protección social en españa es “muy deficiente”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) coincide con el reciente informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que determina que la garantía de los derechos sociales en España es todavía “muy precaria” y "no alcanza a grupos gravemente expuestos a la exclusión como son las personas con discapacidad y sus familias".
"Este frágil grado de protección social en España corre el riesgo de verse debilitado como consecuencia de la aguda crisis económica y de la política de la mayor parte de las Administraciones Públicas de reducir drásticamente los recursos destinados a promover la inclusión social", indica el Cermi.
En relación al análisis que hace el Consejo de Europa sobre el cumplimiento por España de la Carta Social Europea, continúa el Comité, "se evidencian carencias relevantes en esferas tan decisivas para los derechos de las personas con discapacidad, como el acceso a la educación, a la formación y al empleo o la protección de la infancia con discapacidad".
Asimismo, destaca que en España "no está garantizada como derecho subjetivo" la atención temprana hasta los 6 años de edad para los niños y niñas con discapacidad, que lo que persigue, añade, es dotarles "de las mayores habilidades y apoyos para atenuar las barreras del entorno y las consecuencias limitantes de la discapacidad y lograr por sí mismos una autonomía personal plena".
Según el Cermi, la falta de protección de los menores con discapacidad se muestra también en el hecho de que, cinco años después de su entrada en vigor, "ni el Estado ni las Comunidades Autónomas han aprobado todavía el plan integral de atención a menores de tres años en situación de dependencia", ordenado por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, de 2006.
En este sentido, el Cermi reclama a los poderes públicos un compromiso "real" con las políticas de inclusión, adoptando nuevas iniciativas legislativas y presupuestarias, para que España pueda estar a la altura de sus compromisos internacionales de proporcionar a su población una cobertura social digna.