El congreso convalida el decreto sanitario sólo con el apoyo del pp

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves, por 178 votos a favor y 137 en contra, el decreto de medidas sanitarias, que para grupos como el Socialista "tiene visos de incostitucionalidad" y que, salvo el PP, criticaron todos los partidos representados en la Cámara Baja por entender que supone "un retroceso" que no resolverá la situación financiera del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, fue la encargada de presentar el decreto en la Cámara, donde pidió su apoyo a los grupos parlamentarios argumentando que la norma contiene "soluciones de emergencia para problemas urgentes" y que garantizará el acceso a las mismas prestaciones a todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan.
Mato aseguró que la normativa no va a dejar a nadie desatendido. "Ningún inmigrante, aunque tenga situación de irregularidad, se va a quedar desatendido en este país" cuando se aplique el texto convalidado, insistió la ministra, quien no aceptó la tramitación del texto como proyecto de ley, tal y como le pidieron la mayoría de los grupos parlamentarios.
No obstante, la Cámara tuvo la oportunidad de votar que el texto se tramitara como proyecto de ley, por la vía de urgencia, aunque el resultado fue negativo, al obtener 139 votos a favor y 176 en contra.
El decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones introduce una fórmula "más justa y más equitativa", para que aporten más los que más tienen y menos los que menos poseen, prosiguió Mato.
Allí dijo que la norma pretende garantizar "con urgencia" la sostenibilidad de un sistema que se está volviendo "insostenible" y, desde luego, la universalidad de la sanidad, que será gratuita para todos los españoles.
Defendió que el texto equipara a España con los países de su entorno y evita abusos que se venían produciendo hasta ahora en el Sistema Nacional de Salud (SNS), del que se beneficiaban ciudadanos extranjeros por el mero hecho de estar empadronados en este país.
"VISOS DE INCONSTITUCIONALIDAD"
El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, José Martínez Olmos, pidió la palabra para replicar a la ministra y afirmó que el decreto "tiene visos de inconstitucionalidad", además de acusar a Mato de "imponerlo" de forma "cobarde" al no haberlo consensuado con sindicatos ni grupos afectados. Le pidió, por todo ello, que "rectifique".
A juicio del PSOE, la norma supone "un cambio de modelo que asusta a los ciudadanos, pero que no calma a los mercados" y es una "auténtica chapuza jurídica" que acabará "con el mejor sistema sanitario" y "dañará la salud de los ciudadanos".
Martínez Olmos acusó también al Gobierno de utilizar "torticeramente" el asunto del "turismo sanitario" y de demostrar una actitud "xenófoba" hacia los inmigrantes. ¿Qué pasaría con la inmigración si viniera otra pandemia de gripe y hubiera que vacunar a la ciudadanía?, preguntó el diputado socialista a la titular de Sanidad.
El socialista finalizó diciendo que con sus decisiones, el Gobierno pone en riesgo la salud de los ciudadanos, y augurando que con el decreto no se ahorrarán los 7.000 millones de euros que prevé el Gobierno, por lo que vaticinó "más recortes.
En su turno de respuesta al PSOE, la ministra dijo de Martínez Olmos que es un "maestro en demagogia y el peor alumno en el trato a las personas". Utilizó el resto de su tiempo para recordar lo que a su entender fue una mala gestión de la sanidad y de la economía en general del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Negó que haya cambiado el modelo sanitario ni el régimen de financiación y aseguró que todas las situaciones en las que se pueda encontrar un ciudadano español están recogidas en el texto normativo, en respuesta a la crítica socialista de que el decreto deja fuera a los mayores de 26 años que no trabajen y a las divorciadas.
En este sentido, Manuel Cervera, portavoz popular en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, acusó al PSOE de "mentir", al negar que el decreto cuenta con el apoyo de las CCAA y de los profesionales sanitarios y pretender hacer creer a los ciudadanos que deja sin sanidad a divorciadas y a personas con discapacidad.
Por su parte, Conchita Tarruella, de CiU, manifestó estar de acuerdo con el fondo de la norma, pero no "con la letra", que da lugar a interpretaciones negativas y que, por lo tanto, habría que aclarar.
Como PNV, UPyD y sectores sociales como el de la discapacidad, Convergencia i Unió lamentó que el texto haya adoptado la forma de decreto y no de proyecto de ley, una fórmula que da recorrido parlamentario a la propuesta del Gobierno y que abre la puerta a la introducción de modificaciones por parte de los grupos parlamentarios.
En la misma línea que los grupos anteriores se manifestó Emilio Olabarría, del PNV, quien consideró "que hay muy pocas cosas que se puedan salvar" de la norma, que ha roto el pacto de Gobierno en el País Vasco y que no cuenta con tanto consenso de las autonomías como dice el Gobierno.
Olabarría lamentó también que el texto se "despache rápido y mal", en lugar de presentarse como proyecto de ley y tener así recorrido parlamentario y la posibilidad de introducir enmiendas.
Finalmente, en nombre del Grupo Mixto, Uxue Barkos, Joan Tardá y Olaia Fernández señalaron que el decreto "rompe la universalidad del SNS", "desmantela el Estado del bienestar" y acaba, "en poco más de una hora", con la labor de Ernest Lluch, que creó un sistema de salud basado en la universalidad y la gratuidad.
OTROS GRUPOS EN CONTRA
Además de a la oposición de la Cámara, el decreto se enfrenta al desagrado de ONG y grupos sociales como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que, al igual que PSOE, Izquierda Plural y CiU, ha pedido que se tramite como proyecto de ley para poderlo enmendar en el Parlamento.
Por parte de las ONG, Amnistía Internacional ha presentado un total de 35.000 firmas en la Cámara Baja para dejar constancia de su desacuerdo con la norma, que la organización ve como una "regresión".
DECRETO
El decreto, consensuado por Gobierno central y CCAA el pasado 18 de abril y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 24 del mismo mes, instaura por primera vez el copago de medicamentos para los pensionistas, que como los activos, aportarán dinero por los fármacos en función de su renta. Además del copago farmacéutico, la norma regula la asistencia sanitaria, que vincula a asegurados, en lugar de a ciudadanos, como hasta ahora. Esto implica, por ejemplo, que los inmigrantes que se encuentren en situación irregular no tendrán derecho a asistencia médica, aunque sí a ser atendidos en urgencias.
Finalmente, el decreto convalidado este jueves reforma la cartera de servicios del SNS, que a partir de ahora se someterá al examen de la Agencia de Evaluación de Tecnologías para ver si cumple con los requisitos de calidad, eficacia y eficiencia que se le exigen y que se dividirá en tres categorías: básica, suplementaria y de servicios accesorios.
También dentro de lo que atañe a la cartera de servicios, el decreto unifica el criterio de participación de los usuarios en productos farmacéuticos, ortoprotésicos, dietoterápicos y transporte sanitario no urgente.