El Congreso español aprueba definitivamente la controvertida ley de costas

Madrid, 9 may.- El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy definitivamente la reforma de la Ley de Costas de 1988, tras un debate en el que la oposición manifestó su rechazo y ocho activistas de Greenpeace fueron detenidos al intentar subir al tejado principal del edificio para desplegar una pancarta de protesta.

Esta ley, de gran importancia para el sector turístico español, fue aprobada con las enmiendas introducidas por el Senado y por los votos del gubernamental Partido Popular (PP), la abstención de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CIU) y el voto en contra del resto de los grupos parlamentarios.

Además de Greenpeace, las principales organizaciones ecologistas españolas -WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Oceana y el partido verde Equo- condenaron unánimemente la reforma de la Ley de Costas por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió la ley alegando que garantiza la conservación del litoral, "y no lo privatiza", al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas en el litoral antes de 1988 (fecha de la anterior ley), al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.

La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral protegida y además establece instrumentos "para evitar las barbaridades urbanísticas", explicó el ministro a los medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.

La oposición considera que la nueva norma puede comportar la privatización del litoral y desmanes urbanísticos, y la formación Izquierda Plural pidió el apoyo de otros grupos para poder presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

La diputada Laia Ortiz (Izquierda Plural) denunció que la reforma empeora la anterior ley por la ampliación de las concesiones, y por la reducción de las zonas de servidumbre, de 100 a 20 metros en determinados núcleos.

Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.

Los ocho activistas de Greenpeace detenidos han sido citados a declarar en la Audiencia Nacional hoy mismo, según dijo en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien explicó que estas personas intentaron vulnerar el recinto de la Cámara Baja, que además estaba reunida en sesión plenaria.

Uno de los detenidos consiguió subir al frontispicio de la fachada del Congreso, donde intentó desplegar una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa"

La conducta de los activistas de Greenpeace podría ser susceptible de ser considerada como un delito contra la sede de instituciones del Estado, según el ministro del Interior.

La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, declaró que la Efe que la acción quería servir de protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas.

"Terminan 25 años de protección para el litoral con esta reforma promovida por el PP, que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar", ha explicado.

Con la nueva ley también se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público.

Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.

Además serán amnistiadas un total de doce barriadas históricas situadas, entre otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña).

Formentera, en las mediterráneas Islas Baleares, tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye también del dominio público marítimo terrestre las dunas artificiales y las muertas, y también se exime a las salinas.