El PP de Murcia respalda a los regantes porque la cabecera del Tajo almacena 350 hectómetros cúbicos más

Murcia.- El vicesecretario de Organización y Relaciones Institucionales del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha mostrado hoy el apoyo de este partido a las reivindicaciones de los regantes para que la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida hoy, apruebe un nuevo trasvase.

El dirigente popular murciano justifica dicho trasvase en que "los embalses de cabecera del Tajo tienen 350 hectómetros cúbicos más del límite de desembalse".

Y ha instado a los socialistas murcianos a plantear de forma "concreta" su posición sobre el agua.

Por otro lado, ha calificado de "electoralista" que el Gobierno central obligue a mantener los carteles en la segunda edición del Plan E hasta tres meses después de la finalización de las obras municipales.

Sánchez ha asegurado que este plan, que consiste en la financiación de obras municipales por parte del Gobierno Central, es "otro parche y más autobombo" del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

El representante popular ha asegurado que "si se juntaran todos los carteles del plan ocuparían 146 kilómetros de largo", lo que ha calificado nuevamente de "derroche de dinero público" y "medida propagandística", ya que la obligación de mantenerlos durante tres meses "coincide con las elecciones municipales".

Además, ha afirmado que la nueva edición del Plan E "no resuelve los problemas de financiación de los ayuntamientos, no crea trabajo estable y es un caos organizativo", ya que "no llegan a 1.000 las propuestas presentadas este año, frente a las 15.000 solicitudes que había el ejercicio pasado en estas fechas".

Por otra parte, Sánchez ha reclamado al Gobierno Central que inicie la reforma del sistema de financiación local, pues "Rodríguez Zapatero se comprometió ante las Cortes Generales a abordarla de forma paralela a la del sistema de financiación autonómica y todavía no ha comenzado".

En este sentido, ha reiterado la necesidad de llevar a cabo esta reforma "en una situación de crisis económica, en la que los servicios sociales de los ayuntamientos se ven desbordados y reciben menos dinero del Gobierno, concretamente ha bajado un 18 por ciento la participación de los ayuntamientos en los tributos generales del Estado", ha apuntado.