Washington, 22 feb.- El programa federal "Comunidades seguras", que persigue a inmigrantes con antecedentes criminales, debilita la seguridad nacional en EE.UU, según alertó hoy Casa, la mayor organización pro inmigrante del estado de Maryland.
"Este programa federal hace que la población latina y la comunidad inmigrante dejen de comunicarse con la Policía, lo que reduce la seguridad de todos y no sólo a una comunidad concreta", explicó a Efe el director de la organización comunitaria Casa, Gustavo Andrade.
Para Andrade, el programa "Comunidades seguras" supone que cualquier detención o contacto con la policía por parte de un inmigrante pueda causar que se remita información a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Lo advirtió hoy la entidad en la ciudad de Baltimore y en el condado de Montgomery (ambos en Maryland), donde se ha empezado a aplicar este programa federal en los últimos días.
Por su parte, la portavoz del ICE, Nicole Navas, confirmó a Efe la aplicación del programa "Comunidades seguras" en estas dos zonas del noreste del país y subrayó que su puesta en marcha implica el uso compartido de huellas dactilares entre el ICE y el FBI, tal y como ha estado haciendo desde sus inicios este programa federal.
De hecho, a fecha de hoy, el ICE usa datos facilitados por este programa federal relativo a 2.304 jurisdicciones de 45 estados, además de Puerto Rico.
Con la entrada en funcionamiento en la mayor ciudad de Maryland y el condado de Montgomery, la organización pro inmigrante quiso destacar los efectos negativos que el programa ha tenido en otras zonas del estado donde ya se aplicaba desde hace meses.
Andrade calificó de "terrible" la iniciativa federal porque, asegura, ha llevado a la deportación a unas 700 personas del estado de Maryland, "la gran mayoría de estas personas no era una amenaza a la seguridad pública, sólo el 13% era un convicto", apuntilló.
La organización, presente en el estado de Maryland desde 1985, hizo públicos hoy algunos casos de inmigrantes afectados por este programa, como el de María Bolaños, quien explica que una llamada a la policía por violencia doméstica le conllevó estar actualmente pendiente de deportación.
La denuncia por sufrir violencia en su familia hizo que agentes de policía visitaran su casa, donde encontraron indicios de que desarrollaba un negocio sin licencia.
Similar historia es la de Florinda Lorenza, guatemalteca que lleva ocho años viviendo en Estados Unidos y deberá ser deportada el próximo 4 de agosto por vender ilícitamente tarjetas telefónicas.
"Es una actividad que mucha gente hace y con lo que simplemente queremos contribuir económicamente para que nuestras familias tiren adelante", relató a Efe Lorenza, que dejará a su marido y a tres hijos en EE.UU. si finalmente es deportada a su país de origen.
Actualmente, el 73 % de los condados estadounidenses aplican este uso compartido de datos y el objetivo del programa federal es haber llegado a la totalidad del país en 2013.
Hasta finales de 2011 unos 119.900 inmigrantes condenados por delitos, entre ellos 43.400 por crímenes con agravantes como el asesinato, la violación y el abuso sexual de niños, habían sido deportados de EE.UU. tras su identificación mediante el programa "Comunidades seguras", según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
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