El PSOE pide que se desbloquee el uso de dispositivos en penas de alejamiento

Madrid, 8 abr.- El Grupo Socialista ha reclamado información al Gobierno ante el retraso en la firma del nuevo protocolo que permitiría ampliar la colocación de dispositivos electrónicos para el control del cumplimiento de las penas de alejamiento a maltratadores y ha exigido al Ministerio del Interior que "desbloquee su firma".

A través de una pregunta parlamentaria presentada hoy en el Congreso, los socialistas quieren conocer qué previsiones tiene el Ministerio de Interior para adherirse a la nueva propuesta de protocolo que amplía la aplicación de dispositivos electrónicos en casos de medidas cautelares de alejamiento.

La diputada socialista Ángeles Álvarez ha recordado que a lo largo de 2011, tras diferentes reuniones de la Comisión de Seguimiento de los dispositivos electrónicos en la que se valoró su funcionamiento y eficacia, fue aprobada una propuesta de nuevo protocolo para su uso no sólo en el marco de las medidas cautelares sino ampliarlo al control del cumplimiento de las penas de alejamiento.

Hace seis meses que el Grupo Socialista reclamó a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, "mayor diligencia" para dar forma al protocolo acordado por la Comisión de Seguimiento.

Álvarez se ha mostrado "alarmada" ante "el desinterés de un gobierno incapaz resolver asuntos que afectan a la seguridad de cientos de mujeres, máxime cuando las cuestiones técnicas quedaron resueltas por el anterior ejecutivo".

El Grupo Socialista recuerda que el Consejo General del Poder Judicial calificó de insuficiente el protocolo al limitar la implantación de los dispositivos al control de cumplimiento de las medidas cautelares y sugirió extender su aplicación también al control de penas.

Álvarez ha asegurado que a lo largo de estos años el control telemático de las medidas cautelares de prohibición de aproximación han mostrado ser "un recurso extraordinariamente eficaz para la protección de las víctimas de la violencia de género".

Por último, ha destacado la importancia de que la judicatura se comprometa con el uso de instrumentos que se demuestran eficaces, máxime cuando existen 137.516 mujeres valoradas en riesgo por la policía de las que 30.040 son de alto riesgo y 7.103 de riesgo extremo.