El Santa Illa salva los muebles... por ahora

  • Hoy no hay niños en el colegio privado Santa Illa de Madrid y en su lugar un grupo de periodistas esperaba el regreso de los camiones que ayer, en pleno horario escolar, vaciaron el centro por la abultada deuda de su propietario con la Seguridad Social.

María Espinosa

Madrid, 24 feb.- Hoy no hay niños en el colegio privado Santa Illa de Madrid y en su lugar un grupo de periodistas esperaba el regreso de los camiones que ayer, en pleno horario escolar, vaciaron el centro por la abultada deuda de su propietario con la Seguridad Social.

A primera hora, un funcionario informaba de que pupitres, sillas, pizarras y hasta la centralita telefónica, se encontraban en un almacén de Coslada y que a lo largo de la mañana estarían de vuelta.

Eso sí, por una decisión tomada por encima de la Unidad de Racaudación Ejecutiva a la que pertenece, porque Andrés Ruiz, que así se llama el funcionario, aseguraba no haber visto una cosa así en sus 24 años de servicio y lo atribuía a la "alarma social" generada ayer.

Poco antes del mediodía volvieron los transportistas y el colegio se convertía en depositario de unos bienes que, en realidad, siguen embargados y que debe proteger.

El Ministerio de Empleo, del que depende la Tesorería de la Seguridad Social, y la consejería de Educación de Madrid acordaron ayer que los alrededor de 150 escolares de este colegio "tradicional inspirado en el futuro" -como reza su página web- podrían acabar el curso en el edificio del barrio madrileño de Chamartín.

Sin embargo, a primera hora de la mañana, cuando los equipos de televisión más madrugadores llegaron al colegio, un par de furgonetas habían acudido al centro para llevarse lo que se les quedó ayer y la madre de unos alumnos del cole se acercaba a las cámaras para volver a quejarse de la forma y, lo que es peor, el momento en el que se había hecho el embargo.

Luego, cambio de planes.

Andrés Ruiz, el funcionario, se ha convertido en improvisado portavoz de la Seguridad Social y ha explicado que el director del centro sabía desde hace quince días que se iba a ejecutar el embargo este jueves.

Ruiz ha añadido que, aunque el propietario había presentado un recurso ante un juzgado solicitando que no se retirasen los bienes, también se le había informado de que eso no paralizaría el proceso.

El miércoles se le notificó por fax que el embargo se iba a realizar al día siguiente, según Ruiz, quien ha añadido que el centro recibió el 31 de enero la primera advertencia de embargo.

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