El sector fotovoltaico no renuncia a acudir a los tribunales, a pesar de estar negociando con industria

El presidente de la sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva, espera que en la nueva vía de diáologo con el Ministerio de Industria se logre "una racionalización de los esfuerzos exigidos al sector". Algo que "no implica en absoluto que se vaya a renunciar a la vía judicial para la defensa de nuestros legítimos derechos".
Según sostiene García Breva en una entrevista que se publica en el último número de la publicación "APPA Info", el actual es un momento muy difícil para esta energía solar, "pero es imposible parar la fotovoltaica. Con esta tecnología no acabarán ni la difamación ni una nefasta regulación", afirma.
Según sus datos, las renovables están teniendo un desarrollo espectacular a nivel mundial y la fotovoltaica lleva cinco años creciendo en el mundo a una media del 60% anual. "Ese mercado internacional es imparable. Si bien la actitud del Gobierno es de no querer verlo, la fotovoltaica en menos de cinco años será rentable para el consumo particular, será más barato generar la electricidad que comprarla a la red y contra eso no hay reales decretos que valgan".
A juicio de García Breva, la nueva normativa que recorta las primas a esta tecnología ha supuesto un "golpe terrible" para el sector. "Los Gobiernos legislan y está en su mano paralizar un sector. Si se equivocan y resulta que a nivel mundial la fotovoltaica evoluciona y nosotros nos quedamos atrás, son los votantes y la historia los que les van a juzgar", considera.
En este sentido, puntualiza que "Alemania tiene una economía envidiable y sólo el año pasado instaló cerca de 8.000 megavatios fotovoltaicos. Que vengan los economistas a establecer una relación causa-efecto entre fotovoltaica y falta de competitividad o entre fotovoltaica y déficit de tarifa, que Alemania no tiene. Mejor que se busquen otras excusas".
Desde su punto de vista, lo más grave no es el hecho de paralizar el sector; lo peor es "el mensaje que se está mandando a los inversores internacionales, tanto en fotovoltaica como en cualquier otra actividad. El mensaje es claro: no existe seguridad jurídica en España".
"HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS"
A pesar de todo, García Breva apuesta por no caer en el desánimo. A los pequeños productores fotovoltaicos "les diría que intenten aguantar. Serán tres años muy difíciles que dejarán muchos inversores particulares por el camino y eso es una verdadera tragedia".
"Hay que tener claro que los dos últimos decretos han sido una tropelía, introduciendo medidas retroactivas e ilegales. Debemos seguir defendiendo nuestra postura hasta las últimas consecuencias, no sólo por nuestros intereses que es una razón poderosa, sino porque no puede consentirse la inseguridad jurídica por la que ha apostado el Ministerio".
"Los textos que puedan denunciarse, se denunciarán, y en aquellos que a nivel nacional no puedan recurrirse, como el real decreto-ley, debemos reclamar los actos administrativos. Es la única manera de que sepan que esto no lo vamos a consentir", añadió.
El presidente de la sección Fotovoltaica de APPA admite que a corto plazo es muy difícil que se revierta la situación. Con todo, también reconoce que "se ha abierto una nueva vía de diálogo con el Ministerio de Industria y esperamos que pueda conseguirse una racionalización de los esfuerzos exigidos al sector".
Algo que "no implica en absoluto que se vaya a renunciar a la vía judicial, tanto a nivel nacional como europeo, para la defensa de nuestros legítimos derechos".