El Supremo envía al Senado el suplicatorio contra Miguel Zerolo (CC)

Madrid, 29 may.- El Tribunal Supremo ha solicitado hoy al Senado el suplicatorio para inculpar al parlamentario y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo por un posible delito de prevaricación, relacionado con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal.

El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo y que investiga el magistrado Luciano Varela quien, al comprobar que los hechos -y la responsabilidad en ellos de Zerolo- son verosímiles y podrían ser delictivos, promovió el suplicatorio.

Así, el instructor pidió el pasado 13 de mayo a la Sala Penal que hiciera lo necesario para que el Senado autorizase la inculpación de Zerolo. Ahora la Sala de lo Penal ha acordado el trámite, de modo que Varela pueda proseguir su investigación y pueda decidir si se procesa y juzga al senador.

En el auto que da lugar al suplicatorio Varela señalaba que Zerolo pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento".

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.

"El querellado, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decidió solventar los múltiples reparos formulados" por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES S.A., que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio en virtud de un contrato de "mantenimiento", expresaba Varela en el auto que ha dado lugar al suplicatorio.

Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria "Hermanos García Cabrera" sobrepasaban con mucho este concepto de "mantenimiento", debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo la adjudicación a IMES S.A.

Así, y pese a los reparos de los funcionarios que intervenían la gestión de los fondos públicos, el alcalde obvió sus denuncias "en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada", añadía Varela en su auto.

Para sortear los reparos de los funcionarios, el alcalde se acogió a un informe contrario a los criterios de la intervención encargado a un cargo de confianza, recordaba también Varela.

"El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación municipal en este área", y mucho más por un alcalde, concluía aquel auto.