El tráfico de personas mueve 35.000 billones de euros, tanto como drogas y armas

La trata de seres humanos y el tráfico de migrantes mueven al año hasta 35.000 billones de euros, "casi tanto dinero como el comercio de drogas y armas", según revela el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes 'La trata de seres humanos. El negocio del comercio con personas', publicado con motivo del Día Mundial contra la Trata, que se celebra este jueves.

El estudio, escrito por la investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas María José Castaño Reyero, subraya que, solo el comercio de personas mueve entre 6.000 y 9.000 millones de euros y si a se suman los beneficios obtenidos del tráfico de migrantes, la cantidad asciende, según la INTERPOL a 39.000 billones de dólares al año, "cada vez más cerca del tráfico de drogas y el de armas".

Según indica el informe citando datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), combinando el tráfico a larga distancia con el contrabando transfronterizo, emerge un panorama global de "comercio de seres humanos" que afecta al menos a 4 millones de personas cada año.

Aunque la forma de trata detectada con más frecuencia es la explotación sexual (un 79%), existen otras dos formas de explotación de personas: la que tiene como fin la explotación laboral y la trata para el tráfico de órganos.

La autora del documento también diferencia entre esclavitud y trata y explica que una de las peculiaridades de la trata es la ausencia de un hecho violento en el momento de reclutamiento, puesto que suele realizarse con el engaño de obtener un empleo. Si bien, advierte de que en los últimos años también se han utilizado métodos de control como el empleo del vudú.

Además, revela que las mujeres y los niños son las principales víctimas de la trata de personas y apunta datos de la Organización Internacional de las Migraciones que cifran en 500.000 el número de mujeres que entran todos los años en Europa Occidental para ser explotadas sexualmente.

Los encargados de reclutarlas, según señala el informe, pueden llegar a cobrar hasta 450 euros por cada mujer. Mientras, ellas aceptan porque piensan que van a ir a trabajar como modelos, secretarias o dependientas en un país rico. No obstante, según puntualiza el estudio, también algunas saben que se marchan al extranjero para ejercer la prostitución y lo hacen, "no sólo con el consentimiento de sus familias sino con su respaldo entusiasta".Rutas de esclavitud

El documento cita algunas de las numerosas rutas de esclavitud sexual como la que va de Myanmar, China, y Camboya hasta Tailandia, la que va de Rusia a los Emiratos del Golfo, la que recorre desde Filipinas y Colombia a Japón, o la que se mueve desde Brasil, Paraguay, Colombia y Nigeria hacia España.

Asimismo, apunta que, desde la desaparición del Telón de Acero, decenas de miles de mujeres y niñas han sido trasladadas desde Rusia, Ucrania, Moldavia y Rumanía para ser explotadas en las ciudades de Europa Occidental y Japón.

En cuanto a los menores, el estudio cita a UNICEF para indicar que hasta dos millones de niños están sujetos a la prostitución en el comercio sexual alrededor del mundo. Además, avisa de que la trata de menores presenta otras manifestaciones: la adopción ilegal de niños extranjeros, el tráfico de órganos, el secuestro de menores para ser utilizados en los conflictos armados o el ejercicio de la mendicidad.

Entre los menores víctimas, se encuentran en especial situación de vulnerabilidad los nacidos en el entorno de la trata, los llamados "bebés ancla", utilizados por falsos padres para facilitar su entrada y permanencia irregular en un territorio, o el de los menores utilizados por los tratantes para coaccionar a su madre a ejercer la prostitución.

Por otra parte, el informe se centra en la segunda forma de explotación de personas: La trata con fines de explotación laboral. Según la organización Mundial del Trabajo (OIT), 20,9 millones de personas son víctimas de explotación laboral en sectores como la construcción, la agricultura, el sector textil, el servicio doméstico, las empresas de transporte y la mendicidad.

Sus víctimas, según apunta el SJM, están sometidas a unas condiciones de trabajo inhumanas: horarios abusivos, bajísimos o inexistentes salarios, ausencia de unas mínimas medidas de higiene y seguridad.La ley de seguridad ciudadana agrava la trata

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió hoy que se proteja a las prostitutas víctimas de trata de personas y que no se las sancione en aplicación de la nueva Ley de Seguidad Ciudadana, como ha sucedido en Madrid.A través de un comunicado, los abogados valoraban así a la información publicada este miércoles por el diario 'El Mundo', que explica de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Ministerio del Interior, ha permitido que la Policía Nacional denuncie en Madrid por "exhibición" de su cuerpo a una mujer captaba por una red de prostitución.

El CGAE destacó que este caso saltó a los medios de comunicación gracias a la denuncia de la asociación Apramp. En este sentido, los letrados aseguraron que casos como este les causan "preocupación" y critican que la denuncia en Madrid a esta víctima de la trata están contempladas en el artículo 37.5 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. La Abogacía añadió que "no podemos obviar que la mayor parte de las mujeres que están en la calle están captadas por redes de trata con fines de explotación sexual y acarrean una “deuda económica” con sus explotadores. El hecho de que los cuerpos de seguridad interpongan denuncias que llevan implícitas el pago de una multa a una mujer víctima de trata incrementa enormemente su desprotección, su miedo y su “deuda”."Extrema vulneración de derechos"

Según el CGAE, si el propósito del Gobierno es desarrollar un Plan Integral de lucha contra la trata que incluya, lógicamente, la protección a las víctimas, "no se deben amparar, bajo ningún pretexto, actuaciones de este tipo".Para los letrados, la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual es a día de hoy "una de las más grandes lacras" de nuestra sociedad por la "extrema vulneración de los derechos humanos más básicos que representa. Como abogados, asumimos la responsabilidad social que nos corresponde en defensa de los derechos de las personas que se encuentran más desprotegidas", afirmaron.

Los abogados concluyeron que un problema de tal envergadura requiere la colaboración y el esfuerzo de coordinación de todos los actores implicados, tanto públicos como privados, insisten los letrados. Pero también, y de forma especial, exige el compromiso y la concienciación de toda la ciudadanía. "Nadie debe permanecer impasible ante el régimen de esclavitud y explotación que padecen otras personas", concluyen.