Guatemala, 16 oct.- Un tribunal de Guatemala ordenó hoy iniciar un juicio penal en contra del exjuez de asuntos de la niñez de la ciudad de Escuintla, en el sur del país, Mario Peralta Castañeda, sindicado de haber aprobado la adopción de una niña de forma ilegal.
El exjuez, quien dirigió el juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del departamento de Escuintla, a unos 60 kilómetros al sur de la capital, es señalado de supuestamente integrar una banda criminal dedicada a las adopciones ilegales de niños guatemaltecos.
Una portavoz de la Corte Suprema de Justicia dijo a los periodistas que el exjuez Peralta Castañeda será procesado por los delitos de trata de personas, prevaricación, asociación ilícita y denegación de justicia.
La Fiscalía guatemalteca, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de las Naciones Unidas, investiga la estructura criminal a la que supuestamente pertenece Peralta Castañeda, desde 2008.
El exjuez será procesado por haber autorizado de forma ilegal la adopción de la niña Dafne Nayeli Camey Pérez, que le fue robada a su madre biológica, y a la que se le cambió el nombre por el de Yajaira Noemí Muyus con la falsificación de documentos.
Según la Cicig, Peralta Castañeda autorizó la adopción de la pequeña a pesar de saber que la aprueba de ADN que le fue presentada para comprobar la relación con su supuesta madre biológica era falsa.
El 30 de mayo de 2008, la madre biológica de la pequeña, asesorada y apoyada por la Fundación Sobrevivientes, reconoció a su hija en una diligencia judicial, parentesco que se constató por medio de exámenes de ADN, por lo que recuperó a la niña.
Según la Fundación Sobrevivientes, el exjuez también está implicado en al menos otros 23 casos de adopciones ilegales, entre ellos el de Anyelí Liseth Hernández Rodríguez, una pequeña robada a su madre y dada en adopción de forma ilegal a una pareja estadounidense, y cuya repatriación desde los Estados Unidos ha sido ordenada por la Justicia guatemalteca.
En diciembre de 2008 cobró vigencia una Ley de Adopciones que regula los procesos de adopción de niños guatemaltecos al extranjero, lo que acabó con las millonarias ganancias que obtenían los grupos criminales dedicados a estas actividades ilícitas.
Según organizaciones que velan por la protección de los derechos de la niñez, esas mafias se embolsaban unos 200 millones de dólares anuales con las adopciones ilegales.
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