Escuela salvadoreña llevará nombre de niños víctimas de desaparición forzada

  • El Gobierno de El Salvador bautizó hoy una escuela en honor a los hermanos Contreras, víctimas infantiles de desaparición forzada durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992), en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

San Salvador, 10 sep.- El Gobierno de El Salvador bautizó hoy una escuela en honor a los hermanos Contreras, víctimas infantiles de desaparición forzada durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992), en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"La placa que hoy develamos es en su honor, para memoria de generaciones futuras, es una muestra de nuestra voluntad, como Gobierno (...) de El Salvador, por dignificar a las víctimas inocentes de las desapariciones forzosas de los años del conflicto armado", dijo el presidente hondureño, Salvador Sánchez Cerén, en la escuela de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

Desde este día, el centro educativo llevará los nombres de "Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras", tres hermanos que fueron desaparecidos forzosamente durante la guerra salvadoreña, señaló

La desapariciones forzadas "nunca deberán volver a golpear el tesoro más valioso de nuestra sociedad: nuestras hijas, hijos, y sus familias", dijo el presidente en el acto que se celebró en el cantón Las Anonas, en San Vicente, 60 kilómetros al este de San Salvador.

Con este acto, el Estado salvadoreño cumple con otra parte de la sentencia de la CorteIDH, emitida el 31 de agosto de 2011, por el "Caso Contreras y otros versus El Salvador", derivado de la desaparición forzada de seis niños y niñas ocurridas entre 1981 y 1983.

Las víctimas son los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras Recinos, que tenían 4 años, 20 meses y 4 meses de edad, respectivamente, cuando desaparecieron el 25 de agosto de 1982 durante una operación militar en varios municipios del departamento central de San Vicente.

Se incluyen en este caso a las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, desaparecidas durante la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en el departamento oriental de Morazán, y el niño José Rubén Rivera.

Los seis niños fueron secuestrados en medio de operativos de contrainsurgencia que realizaba el Ejército salvadoreño en poblados campesinos, pero hasta la fecha solo han sido localizados Gregoria Herminia y Serapio Cristian, que fueron hallados con vida por la Asociación Pro-Búsqueda en 2006 y 2012, respectivamente.

"Como representante del Estado salvadoreño reitero nuestro firme compromiso por continuar trabajando en su búsqueda, para finalmente lograr el reencuentro con sus familiares", expresó el mandatario.

De acuerdo a Sánchez Cerén este acto "representa la reafirmación" de su Gobierno "de dar seguimiento a la Administración anterior en el fiel cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Contreras y otros contra El Salvador".

El 29 de octubre de 2012, durante el anterior gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el entonces canciller salvadoreño, Hugo Martínez, pidió perdón por la desaparición forzadas de los seis menores de edad y por los cientos de familias que fueron víctimas de la separación forzada de niños y niñas durante la guerra.

Además, en el evento de hoy es "para reconocer una vez más la responsabilidad del Estado, por los deplorables hechos de violencia a los derechos humanos infligidos y/o consentidos por agentes del Estado en aquel trágico período" de la guerra, dijo Sánchez Cerén, quién fue comandante guerrillero durante el conflicto armado.

"Sabemos que aún faltan muchas cosas por hacer; pero ya comenzamos a hacer valer el pleno derecho de las víctimas de conocer la verdad, de tener acceso a recursos judiciales y a recibir las reparaciones adecuadas. Tengan la seguridad de que vamos a seguir profundizando", añadió el gobernante.

La demanda por el Caso Contreras fue interpuesta en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington; luego, en 2010, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se agotaron los plazos para la "solución amistosa" que el Estado salvadoreño había aceptado inicialmente.

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