Bruselas.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó hoy que España incumple la normativa europea sobre el mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos de ocho comunidades autónomas, entre ellas Galicia.
En su sentencia publicada hoy, ese tribunal con sede en Luxemburgo establece que España no cumple las medidas necesarias "en materia de inspección, autorización y, en su caso, cierre" en varios zoos situados en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia.
La Comisión Europea (CE) denunció en 2009 a España ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que estos zoos no han seguido los procedimientos de inspección y autorización adecuados y que, en consecuencia, España no cumple con su obligación de cerrar estas instalaciones.
El Ejecutivo comunitario señala que varios parques zoológicos no tramitaron ninguna autorización para su apertura y que otros la obtuvieron sin pasar una inspección previa necesaria para comprobar el respeto de las condiciones de cuidado de los animales salvajes en cautividad.
Por su parte, España "reconoce formalmente los hechos que están en el origen" de la acusación, si bien alega que en función de la legislación española, las competencias sobre parques zoológicos corresponden a las comunidades autónomas y deben ser éstas las que respondan en este caso.
En la sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE señala que "un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva".
Por lo tanto, respalda el recurso interpuesto por la Comisión y concluye que España ha incumplido con las obligaciones que le impone la normativa europea de mantenimiento de animales salvajes en los zoos de las ocho comunidades citadas.
La máxima instancia judicial europea ha condenado a España a hacerse cargo de los costes del proceso judicial.
Bruselas decidió llevar a España ante el tribunal europeo, en respuesta a las quejas de ONG que denunciaron que en los zoos españoles no se respetaban las reglas comunitarias sobre la protección de animales salvajes en cautividad.
La CE abrió expediente a España en 2007 por este motivo y en 2008 envió un dictamen motivado (segundo paso de un proceso de infracción) por la "mala aplicación" de normas relativas a la concesión de licencias, inspecciones o actuaciones en los casos en los que no se cumplen las condiciones del permiso de funcionamiento.
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