Ginebra, 5 nov.- España presentará en la tarde de hoy ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, reunido en su quinta sesión en Ginebra, su primer informe sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre esta materia, que entró en vigor en diciembre de 2010.
La delegación española estará encabezada por la embajadora de España ante Naciones Unidas en Ginebra, Ana Menéndez Pérez, y por la representante adjunta, Victoria Rodondo Baldrich.
También participarán, para apoyar con elementos técnicos la presentación de España, dos abogados del Estado y representantes del Ministerio del Interior, así como de la Fiscalía.
El comité en cuestión es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas por parte de los Estados que la han ratificado, que hasta ahora son 40, España entre ellos.
En el informe presentado por anticipado a los miembros del comité y que servirá de base para las deliberaciones, España menciona que asociaciones y ONG han planteado que la convención sea aplicable a los supuestos de desaparición forzada durante la guerra civil española y el franquismo, una posibilidad que refuta.
Recuerda, en este sentido, que la propia convención establece que la competencia del comité "sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad" a la fecha de su entrada en vigor.
"Dicha entrada en vigor se produjo para España el 23 de diciembre de 2010, por lo que el Comité carece de competencia para el examen de desapariciones forzadas iniciadas antes de dicha fecha", apunta el documento.
Subraya, en este sentido, que el informe adjuntado comenta los artículos de la convención "desde la perspectiva de que los mismos se aplican, solo y exclusivamente a desapariciones forzadas que sean posteriores" a esa fecha.
En la víspera, el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, afirmó que esa posición es insostenible desde el punto de vista jurídico.
"Es una posición absolutamente pragmática y para salir del paso", juzgó Garzón, quien asistirá a la presentación de España ante el comité en su condición de presidente de FIBGAR, la fundación internacional que lleva su nombre y que trabaja en favor de la jurisdicción universal de la justicia.
Por su parte, la ONG internacional defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha criticado a España por "su rechazo a resolver el legado de las desapariciones de la era de Franco", lo que consideró una "traición a la justicia".
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