La Policía Nacional ha desarticulado una red y detenido a 33 personas dedicadas, presuntamente, a la incorporación de víctimas falsas a los expedientes de accidentes de tráfico de una compañía aseguradora, una actividad por la que se embolsaron 1,2 millones de euros. Según ha informado este martes la Dirección General de la Policía, los detenidos están acusados de fraude, falsedad documental, intrusismo y blanqueo de capitales por haber defraudado más de 1.200.000 euros con la alteración de 41 expedientes de accidentes de tráfico.
Del total de detenciones, 30 se produjeron en la localidad madrileña de Getafe, dos en Madrid capital y una en Murcia. Las investigaciones comenzaron con la denuncia interpuesta por la aseguradora afectada, que alertó de la actividad fraudulenta que habían detectado en una de sus empleadas, que había tramitado o supervisado una serie de expedientes en los que se detectaron irregularidades. Estas irregularidades consistían en la incorporación de víctimas falsas a expedientes de accidentes de tráfico reales para, posteriormente, cobrar la correspondiente indemnización.
Esta empleada, prevaliéndose de los cargos que fue ocupando en la empresa, introdujo en los aplicativos de la compañía a personas que se hacían pasar por presuntas víctimas de accidentes de tráfico, las cuales cedieron sus datos bancarios y de identidad. Con el fin de dotar de veracidad a las supuestas víctimas y superar los controles internos, esta empleada incorporó documentos falsos de todo tipo en los expedientes, como partes médicos, atestados policiales y facturas de servicios de fisioterapeutas, entre otros.
Para justificar los relacionados con servicios de fisioterapeuta, la empleada contactó con el otro principal investigado de la trama, quien emitió a su nombre numerosas facturas, presuntamente falsas, que fueron incorporadas en los expedientes tramitados por la empleada de la compañía. Además, esta persona consta en uno de los accidentes como presunta víctima. Ambos idearon la operativa defraudadora, y fueron ellos mismos quienes se dedicaron a captar a las víctimas falsas de los accidentes.
Se han constatado irregularidades en 41 expedientes tramitados, principalmente, durante los años 2019 y 2020, y se ha identificado a 43 personas como presuntas víctimas falsas, algunas de ellas menores de edad, generándose un fraude de 1.201.999,10 euros. Durante la investigación, se han realizado tres registros en domicilios -dos de ellas en Madrid y un tercero en la localidad madrileña de Morata de Tajuña-, donde los agentes intervinieron 8.995 euros en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y documentación.
