Un estudio realizado por los investigadores del grupo Antígona de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Encarna Bodelón y Maria Barcons, ha revelado que las ordenanzas municipales no son el instrumento idóneo para regular el trabajo sexual en las calles, ya que las multas empeoran las condiciones de vida de las prostitutas.
En una atención a los medios durante las jornadas 'Prostitución y Ordenanzas municipales', Bodelón ha insistido en que el estudio concluye que las multas suelen recaer sobre mujeres con pocos recursos económicos, lo que les impide acceder a ayudas y prestaciones sociales, además de estigmatizar al colectivo.
También ha observado que en las entrevistas realizadas durante el estudio, muchas trabajadoras sexuales habían alertado de que había policías que aplicaban las ordenanzas de un forma discrecional: "En el caso de las prostitutas transexuales nos hablaban de insultos, amenazas y hasta pequeñas agresiones físicas", ha dicho Bodelón.
"Eliminar las multas mejoraría la situación personal de las mujeres y eliminaría estigmas de ser una conducta sancionada", ha insistido, y ha dicho que, a la vez, las ordenanzas generan confusión entre las situaciones de trata con finalidad de explotación sexual y la prostitución voluntaria, y ha apostado por abrir procesos de negociación y debate sobre los límites del espacio público con el colectivo.
GOBIERNO MUNICIPAL
La concejal de Feminismos y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, ha explicado que se han hecho efectivas menos del 10% de las multas a prostitutas desde que se implantó la ordenanza de 2005, y ha asegurado que desde su implantación no se ha reducido el número de mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público.
"Después de 11 años, vemos como ha sido una promesa que ha frustrado a vecinos como los de la calle Robadors", ha dicho, y ha destacado que en Barcelona hay entre 390 y 450 mujeres ejerciendo en el espacio público en distintos espacios, y ha apostado por generar un nuevo consenso sobre los objetivos que debe tener este tipo de regulación.
Pérez ha dicho que todas las fuerzas políticas coinciden en que perseguir y criminalizar a las mujeres que ejercen el trabajo sexual "no es la vía" para conseguir mejoras en la convivencia ni para mejorar su situación, y ha pedido trabajar desde una perspectiva de derechos.
"En 2016 no se multó a ninguna mujer que ejercía la prostitución, pero si que se multó a 80 clientes", ha dicho, y ha subrayado que desde la aparición de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es una ley orgánica, sólo permite multar la desobediencia, pero no en el caso que se ofrezcan servicios sexuales en la calle.
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