Madrid.- El consumo de drogas en otros países puede castigarse "hasta con la pena de muerte" porque, según ha explicado hoy el subdirector general de Protección de los españoles en el Extranjero, Pedro José Sanz, muchas legislaciones "no diferencian entre consumo y tráfico" de estupefacientes.
Lo ha dicho este responsable de Asuntos Exteriores junto a la delegada del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya, la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Ana Gallego, y la directora del Instituto Ramón Rubial, Jimena Sanclemente, en la presentación de la campaña preventiva sobre consumo y tráfico de drogas en el extranjero.
Bajo el lema "Si traes drogas, pasarás muchos años en una cárcel antes de recuperar tu maleta", se pretende, según Sanclemente, "abrir los ojos a aquellas personas que creen que pueden consumir drogas fuera de España porque no está penado" y mostrar a la gente "lo que uno se pierde cuando está entre rejas".
Sanclemente también ha dicho que existen dos perfiles de reclusos: "el que se fuma un porro porque cree que está permitido" y posteriormente se tiene que enfrentar a elevadas penas de prisión, y "las mulas" que habitualmente residen en España y viajan al extranjero para traficar con drogas como el hachís y la cocaína, sobre todo en Marruecos y Latinoamérica.
Actualmente, 2.145 españoles permanecen detenidos en cárceles extranjeras y un 80 por ciento (1.708) lo hacen por delitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas.
Los países con mayor número de detenidos por drogas son Perú (249), Brasil (181), Marruecos (156), Portugal (145), Francia (113) e Italia (107), por lo que Moya ha resaltado que "es falso que los países extranjeros sean más permisivos" que España y ha señalado que, como muestran los datos, no sólo ocurre en "países lejanos", sino que los europeos también cuentan con una legislación rigurosa.
Andalucía, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias son, por este orden, las comunidades autónomas con mayor número de personas encarceladas en otros países por delitos relacionados con las drogas.
Moya también ha destacado la importancia de "prevenir a la gente que, por la crisis, pueda ver en el tráfico de drogas una alternativa fácil" para ganar dinero porque "no lo es", y ha asegurado que son muchas las personas que "han salido a disfrutar y a conocer mundo y han terminado detenidos" en cárceles extranjeras con "peores condiciones" que las españolas.
En este sentido, Gallego ha explicado que existen instrumentos internacionales jurídicos que permiten el traslado de los presos a España, algo que ayuda a cumplir "el mandato constitucional de reinserción" pero que "sólo se puede llevar a cabo si existe un convenio bilateral o multilateral" entre España y el país que condena.
"El preso no tiene el derecho subjetivo de ser trasladado", es una posibilidad que requiere la autorización de los dos países implicados, que no se puede aplicar en los casos de pena de muerte y que, como mínimo, supone "una demora de entre uno y tres años".
Por todo ello, los ponentes han resaltado que una irresponsabilidad como el consumo de "algunos gramos" conlleva "unos costes muy altos" y lo han ejemplificado con el caso real de dos jóvenes españoles que "por fumarse un canuto" tuvieron que cumplir condena en dos países árabes con un sistema carcelario muy estricto.
La campaña preventiva para este año distribuirá dos mil carteles y 170.000 postales en las que aparece una maleta abierta, llena de objetos típicos de los años 80, en más de 600 puntos nacionales, y se desarrollará en dos momentos temporales concretos: uno "coincidiendo con Semana Santa" y otro más adelante, en fechas cercanas a las vacaciones de verano.
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