Ana Mengotti
Bogotá, 3 oct.- El recurso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya no ha logrado extinguir dos de los problemas bilaterales que más tensión han creado en América Latina en los últimos años, los cuales están hoy candentes y además van a tener cada uno una segunda parte en ese tribunal.
La planta papelera de la finlandesa UPM en Uruguay es de nuevo una fuente de conflicto entre ese país y Argentina, porque acaba de ser autorizada a aumentar su producción, y el trazado de la línea divisoria marítima sigue enfrentando a Colombia y Nicaragua.
El primero de esos litigios fue elevado a la CIJ en 2005 y el segundo, que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, en 2001. Los fallos correspondientes fueron emitidos en 2010 y 2012.
Los dos países rioplatenses aceptaron que si bien Uruguay debió consultar con su vecino la instalación de la planta a orillas de un río que ambos países administran conjuntamente, la papelera puede funcionar porque no supone un riesgo para el medio ambiente, como señala la sentencia.
Sin embargo, no se dio la misma unanimidad en el otro caso.
El Gobierno colombiano considera inaplicable el fallo que concede a Nicaragua una vasta extensión del mar Caribe, de 75.000 a 90.000 metros cuadrados, que antes estaba bajo control de Colombia, y ya ha iniciado el trámite para desvincularse de la CIJ.
Pero Nicaragua se adelantó a que se concrete la retirada colombiana y planteó en septiembre una nueva demanda, esta vez para pedir a la CIJ que declare el "rumbo exacto" de la frontera marítima, "más allá" de los límites definidos en 2012, pues quiere ampliar su plataforma continental a 350 millas náuticas.
Argentina también va a recurrir de nuevo al tribunal con sede en Holanda, según anunció este miércoles el Gobierno.
El canciller argentino, Héctor Timerman, dijo hoy que la decisión "unilateral" del presidente uruguayo, José Mujica, de autorizar a la planta de UPM a producir 100.000 toneladas anuales más no le deja a Argentina "otro camino que recurrir a La Haya".
El Gobierno argentino acusa a Mujica de violar el Tratado del Río Uruguay y también la sentencia que la CIJ dictó en 2010, y el presidente uruguayo afirma haber sido "acorralado políticamente con lo de La Haya" y niega que la planta de UPM sea contaminante.
La planta productora de celulosa, originalmente de la empresa finlandesa Botnia, supuso en su día la mayor inversión de la historia de Uruguay, 1.800 millones de dólares, empezó a funcionar a fines de 2007 y da empleo a más de 5.000 personas, una cifra relevante en un país de 3,3 millones de habitantes.
A Uruguay le costaron, según cálculos conservadores, más de 400 millones de dólares los prolongados bloqueos de los pasos fronterizos, especialmente del puente que une Gualeyguaychú con Fray Bentos, por parte de ecologistas argentinos que finalmente debieron levantarlos una vez que Argentina acató el fallo.
Para el domingo está ya anunciada una marcha de ecologistas que pretenden entrar en Uruguay desde Gualeyguaychú para protestar por el aumento de la producción de la papelera.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que heredó el problema con Nicaragua de su antecesor, como le ocurre a Mujica, también debe defender los intereses económicos en juego en el caso con Nicaragua, además de lo que tiene que ver con la soberanía.
Las aguas cercanas al archipiélago colombiano de San Andrés que, según el fallo de la CIJ, corresponden a Nicaragua son ricas en pesca, biodiversidad y petróleo.
Como dijo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, a fines de 2012, la renuncia de su país a la jurisdicción del tribunal internacional obedece a una defensa del derecho internacional, pero también de la "historia, la geografía, la vida misma y el sustento" económico de la nación.
El "golpe al corazón", en palabras de Santos, que ha supuesto para Colombia el fallo de la CIJ en el caso con Nicaragua puede haber llevado al Gobierno colombiano a zanjar al margen del tribunal internacional otro diferendo, éste planteado por Ecuador.
El pasado 17 de septiembre la CIJ confirmó que Ecuador retiró el caso presentado contra Colombia por las aspersiones de cultivos ilícitos en la zona fronteriza.
El Gobierno colombiano saldó el asunto con el pago de 15 millones de dólares a Ecuador, que los utilizará para desarrollar las zonas de la frontera y para reparar a las personas afectadas por las aspersiones de glifosato, según fuentes oficiales ecuatorianas.
Perú y Chile están a la espera de otro fallo de la CIJ, también por los límites marítimos.
Ambos Gobiernos han dicho que lo acatarán pero en los últimos días han surgido rumores sobre un retraso de la sentencia, aparentemente para no interferir en el proceso electoral en Chile, lo que ha sido negado por ambos gobiernos.
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