María Peña
Washington, 13 mar.- Más de un centenar de familias inmigrantes de todo EE.UU. exigieron hoy en el Congreso un plan que legalice a los indocumentados para salir del limbo legal y dejar de aplazar sus planes en las que describieron como "vidas diferidas".
Al concluir una gira por 19 estados y más de 90 ciudades, los inmigrantes compartieron durante una audiencia ante seis legisladores demócratas, testimonios sobre lo que es vivir desde la clandestinidad y con el constante temor a ser deportados.
La mexicana Gina Sánchez dijo que lleva 14 años separada de sus dos hijas y pidió a los congresistas "una reforma que permita reunificar a las familias y una vía hacia la ciudadanía".
"No he podido verlas crecer ni abrazarlas ni compartir sus alegrías. Tampoco he podido ofrecerles regocijo en sus momentos difíciles", dijo Sánchez, acompañada de su hijo Bryan como intérprete.
La ausencia de una reforma es sinónimo de una "vida diferida" con "planes y sueños diferidos", afirmó, por su parte, Ken Thompson, de Seattle (Washington), cuyo compañero, Ottis, tiene una visa temporal que caduca en 2014.
También presentaron sus testimonios un veterano de la guerra de Irak de Nevada, y su esposa mexicana, que afronta una posible deportación.
Más adelante, el legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, dijo a los periodistas que, pese a que aún no existe un proyecto de ley concreto, hay avances y apoyo bipartidista para la reforma.
Vitoreado con consignas de "Sí se puede!", destacó el hecho de que varios conservadores, que antes apoyaban la "autodeportación" de los indocumentados que recetaba en 2012 el candidato presidencial republicano, Mitt Romney, se han sumado a los esfuerzos proreforma.
Según fuentes legislativas, el Senado podría divulgar un proyecto de ley en abril próximo, tras su receso de Pascua.
Gutiérrez no precisó cuándo presentará su versión la Cámara de Representantes, pero aseguró que, a su juicio, es preferible una demora a debatir una iniciativa "incompleta" que fracase como lo hizo otro plan reformista en 2007 por falta de consenso.
Pero, en declaraciones a Efe, Angélica Salas, directora de la Coalición para Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) de Los Ángeles (California), subrayó que "ha llegado la hora de actuar".
"Queremos oír una fecha concreta, con una legislación completa. Estas promesas de que ya viene, ya viene, y no se presenta una medida es inaceptable, ante la tragedia familiar que hay en nuestras comunidades", afirmó.
En un hacinado salón, Héctor Contreras y su esposa, Clarisa Mesta, dijeron que viajaron desde Denver (Colorado) para pedir un proyecto de ley sin más demoras.
La pareja tiene cuatro hijos, dos nacidos en México y dos en EE.UU., pero Mesta afronta la deportación por una infracción de tránsito y el 27 de marzo conocerá la decisión de las autoridades.
"Venimos a pedir una reforma migratoria para evitar eso de las familias destruidas. Es lo que están haciendo, destruyendo a las familias", dijo a Efe Contreras, que viajó a Washington con la Coalición de Colorado para los Derechos de los Inmigrantes y se reunió con el senador demócrata de ese estado, Michael Bennet.
Como parte de una campaña del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM, en inglés), las familias y activistas viajaron a la capital en autobús desde estados como Washington, Nueva York, Illinois, Colorado, Nevada y Arizona.
La audiencia se produjo en paralelo a la "campaña de seducción" que mantiene esta semana el presidente Barack Obama con la oposición republicana en el Congreso para promover sus prioridades legislativas este año, entre éstas la reforma migratoria.
Obama se reunirá hoy con miembros del empresariado para discutir el panorama de la reforma, tal como lo hizo la semana pasada con líderes evangélicos y, el mes pasado, con líderes de la comunidad inmigrante y sindicalistas.
En la actualidad, la Cámara de Representantes y el Senado analizan por separado medidas que permitan legalizar a los indocumentados; sancionen a empresas que contraten a trabajadores "sin papeles"; den prioridad a la reunificación familiar, y fortalezcan la seguridad fronteriza, entre otros elementos.
La reforma cuenta con el apoyo de un vasto sector de la sociedad civil, incluyendo grupos religiosos, sindicalistas y empresariales, aunque algunos grupos conservadores realizan sus propios esfuerzos en contra de lo que consideran una "amnistía" inmerecida.
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