Fiscal cree que los presos de Quatre Camins fueron "torturados" como castigo

Barcelona, 4 jun.- La Fiscalía considera torturas los malos tratos que el ex subdirector médico de la cárcel Quatre Camins Xavier Martínez infligió presuntamente a varios presos tras el motín de 2004, al considerar que con ellos perseguía "castigarlos" o sonsacarles información.

La fiscal ha presentado hoy sus conclusiones definitivas en el juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona contra nueve funcionarios de prisiones, entre ellos Xavier Martínez, acusados de maltratar a once internos durante su traslado a otros centros una vez sofocado el motín del 30 de abril de 2004.

El ministerio público ha retirado los cargos contra dos de los ocho funcionarios a los que acusaba -contra el noveno sólo actuaban las acusaciones particulares- y alguna de las imputaciones por maltrato.

Pese a que no comportará apenas cambios en la petición de penas de cárcel para los imputados, la principal modificación introducida hoy por la Fiscalía ha sido la de considerar los hechos un delito de torturas, en vez de contra la integridad moral, como inicialmente sostenía.

Para el ministerio público, los hechos encajan en el delito de torturas porque la finalidad de las agresiones y vejaciones infligidas era "castigar" a los reclusos que habían participado en el motín y, en algunos casos, "obtener información de los agredidos sobre la posible participación de otros internos en dichos altercados".

Concretamente, la fiscal acusa de siete delitos de torturas al subdirector de Quatre Camins, así como de siete faltas de lesiones, lo que supone una petición de pena de siete años de cárcel, uno menos de lo que se le solicitaba inicialmente dado que se le ha retirado la acusación de maltratar a un recluso.

También acusa la Fiscalía de torturas a otras dos funcionarias de prisiones: Yolanda M. -un año de cárcel- y Trinidad M., que se expone a tres años por tres casos de maltrato.

A otros tres funcionarios procesados les acusa de delitos contra la integridad moral, al no apreciar que en los maltratos que presuntamente infligieron hubiera un ánimo de castigar o sonsacar información a los amotinados, lo que les supone una pena de un año de cárcel a cada uno.

Asimismo, la Fiscalía mantiene su petición de que se declare a la Generalitat como responsable civil subsidiaria de los daños causados a los presos en los maltratos que supuestamente tuvieron lugar en Quatre Camins, prisión donde tras el motín se concentraron centenares de funcionarios, algunos fuera de servicio y con plaza en otros centros penitenciarios.