Fiscalía española a favor investigar casos genocidio en el Sáhara Occidental

Madrid, 10 abr.- La Fiscalía española se mostró hoy a favor de que se sigan investigando en España causas sobre delitos de genocidio en el Sahara Occidental, al considerar que no les afecta la reciente reforma que limita la aplicación de la Justicia Universal.

La Fiscalía contestó así a los jueces de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz e Ismael Moreno, quienes habían consultado si la reforma legal aprobada el pasado 12 de marzo, que recorta los casos en que jueces españoles pueden investigar delitos cometidos fuera del país, obliga al sobreseimiento de los procedimientos relacionados con Sáhara Occidental.

El fiscal se opuso al archivo de estas causas y explicó que "jurídicamente el Sahara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo sometido a proceso de descolonización, pues Marruecos no tiene la soberanía" sobre el mismo, y donde sigue asentada la Misión de la ONU.

Añadió que "por la legalidad internacional ese territorio no puede ser considerado marroquí y tampoco puede aceptarse la jurisdicción de este país (Marruecos) como fuero preferente".

Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos denunciaron en 2006 a 31 militares marroquíes por la desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró de este territorio, su antigua colonia, en 1975.

Esta causa, que afecta entre otros al exministro del Interior de Marruecos Driss Basri, fue ampliada por el juez Pablo Ruz, que admitió a trámite otra querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

Por su parte, el juez Ismael Moreno investiga la muerte de Bay Hamdai Bugema, supuestamente atropellado por un furgón policial marroquí en el asentamiento saharaui de Gdeim Izik en noviembre de 2010.

La Fiscalía explicó que aunque el territorio era parte de España cuando se cometieron los hechos y ya no lo es, ello "no debe ser un impedimento" para que la Justicia española continúe investigándolos.

"Sobreseer el procedimiento supondría renunciar al ejercicio de la jurisdicción sin existir causa legal para ello", añadió el fiscal.