Los investigadores comprobaron que el maquinista, Francisco José Garzón Amo, estaba hablando por teléfono poco antes de que el tren se saliera en una curva a 179 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad permitida en ese tramo de la vía.
La fiscalía reclamó, además, que las familias de las víctimas recibieran 42,9 millones de euros (47,3 millones de dólares) como compensación.
La oficina del fiscal en la región de Galicia (noroeste) solicitó en un comunicado que Garzón "fuera juzgado por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave y 144 delitos de lesiones".
"Por todo ello (la fiscalía) pide para el acusado una pena de 4 años de prisión y una inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarril por un periodo de seis años", añadió.
Garzón es el único imputado por el accidente, que suscitó muchas preguntas sobre los sistemas de seguridad de los ferrocarriles en España. Los jueces interrogaron a varios responsables de Adif, la compañía que gestiona las instalaciones ferroviarias españolas, pero no presentó ningún cargo contra ellos.
Las familias de las víctimas sostienen que el maquinista no es el único responsable de lo ocurrido y han pedido que una comisión parlamentaria investigue las causas del accidente.
Un tribunal de Galicia finalizó su investigación sobre el siniestro a principios de mes, y aseguró que los expertos habían determinado que el exceso de velocidad "era la única causa del accidente".
La corte añadió que no había responsabilidad penal por el hecho de que el tramo donde se produjo el accidente no dispusiera de los últimos sistemas de control de la velocidad.
Garzón escribió el año pasado una carta para pedir perdón a las víctimas, en la que dijo estar "destrozado" por la muerte de los pasajeros.
ds/gm/lmm.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios