Fuerzas seguridad mantienen protesta y Gobierno interviene área Gendarmería

Buenos Aires, 6 oct.- La protesta de las fuerzas de seguridad argentinas en demanda de mejoras salariales cumple hoy su quinto día, mientras el Gobierno intervino el área de asuntos jurídicos de la Gendarmería por las "deficiencias" en la liquidación de salarios que detonaron el conflicto.

El Ministerio de Seguridad informó de que ordenó tomar medidas tras analizar varias auditorías sobre la liquidación de los salarios de septiembre de agentes de Gendarmería y Prefectura (guardacostas).

Las auditorías, según un comunicado del Ministerio de Seguridad, apuntan a "irregularidades en el tratamiento de medidas judiciales relacionadas con reclamos salariales".

La decisión del Ministerio que encabeza Nilda Garré, severamente cuestionada en estos días, responde a un intento de acercar posiciones y buscar una salida al conflicto que estalló el pasado martes en protesta por la aplicación de un decreto gubernamental que se tradujo en ajustes salariales de entre el 30 y el 60 por ciento para miles de efectivos.

Por primera vez en la historia de la Prefectura y la Gendarmería argentinas, ambos cuerpos se han unido con movilizaciones en la calle en reclamo de un salario base de 7.000 pesos (unos 1.100 euros) y garantías de que no habrá represalias para los participantes en las concentraciones.

Las manifestaciones más numerosas se han registrado en Buenos Aires, frente a las sedes de ambas fuerzas, y se mantendrán hasta lograr una respuesta del Gobierno a los reclamos laborales, según los portavoces de la protesta.

Entretanto, en algunas ciudades del interior, como en Jesús María, en la provincia de Córdoba, los gendarmes decidieron hoy levantar la acampada que mantenían en la plaza de la ciudad como un signo de buena voluntad para impulsar el diálogo con el Gobierno, según medios locales.

El Gobierno de Cristina Fernández, que ha anunciado que responderá a las demandas de los agentes el próximo martes, trató de atribuir la responsabilidad del conflicto a la cúpula de Gendarmería y Prefectura, y cesó a 20 generales un día después del inicio de la protesta.

Las demandas de las fuerzas de seguridad, en conjunto integradas por más de 40.000 agentes, supondrían un coste anual adicional próximo a 4.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares).