G.Civil atribuye a Resistencia Galega la explosión en un cajero en Pontevedra

Vigo, 10 mar.- La Guardia Civil apunta a Resistencia Galega como posible autora de la explosión, esta madrugada, de un cajero de Novagalicia Banco en el municipio del sur de Pontevedra de O Rosal, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las fuentes precisan que la responsabilidad de este acto, "con todas las cautelas", parece ser de Resistencia Galega por "los indicios" recabados por la Policía Judicial de la Guardia Civil y los especialistas en la desactivación de explosivos Tedax.

Asimismo, La Guardia Civil desvincula esta explosión de la barricada con neumáticos que cortó momentáneamente los dos carriles de la autovía A-52 en Ponteareas apenas media hora más tarde.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, ha declarado a EFE, tras visitar el municipio de O Rosal y comprobar los daños provocados por la explosión, que la Guardia Civil le ha trasladado que ambos actos "no tienen ninguna conexión.

La deflagración en el cajero de Novagalicia tuvo lugar sobre las 5.10 horas, y la barricada con neumáticos en llamas en la A-52, en el kilómetro 295, a las 5.45 horas.

Coello ha calificado la explosión del cajero de O Rosal como "un acto condenable y reprobable", y que estaba preparado, según ha recalcado, "para hacer daño".

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha abundado en que si la explosión se hubiese producido a otra hora, el daño "podría haber sido mucho mayor", pero "afortunadamente, no hay que hablar de desgracias personales".

De confirmarse las hipótesis iniciales, el de hoy en O Rosal sería el primer atentado de Resistencia Galega tras las últimas detenciones de varios de sus miembros, la más reciente, la de Adrián Mosquera Pazos el pasado mes de enero, cuando lo sorprendieron con tres artefactos explosivos en una zona boscosa de Ames (A Coruña).

Resistencia Galega es un grupo independentista al que se le atribuyen atentados con explosivos contra entidades bancarias, multinacionales, empresas energéticas y turísticas, fuerzas y cuerpos de seguridad, obras públicas de impacto ambiental, medios de comunicación, inmobiliarias, partidos políticos y sindicatos.